ANDALUCÍA.- Las Escuelas Infantiles “Mediterráneo” de Almería, “Rocío Jurado” de Chipiona, ”La Atunara” de La Línea de la Concepción, “El Faro” de Torrox y “Andaluna” de Sevilla, todas de titularidad de la Junta de Andalucía, han venido siendo gestionadas desde su creación –en 1993 en el caso de La Atunara- mediante empresas privadas, en sucesivas licitaciones que se han venido produciendo. Tras cada licitación se ha venido cumpliendo lo que recoge el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, la subrogación de sus trabajadoras por la nueva empresa contratada, en lo que se denomina una sucesión de empresas.
Para CCOO-A si la Junta apuesta por la gestión pública de servicios que hasta ahora estaban prestando empresas privadas, también se debe subrogar con las 73 trabajadoras que han venido educando, atendiendo y cuidando a los menores escolarizados, algunas de ellas con más de 25 años de experiencia y antigüedad en el servicio.
En este sentido el sindicato advierte que no va a permitir que “la junta eluda su responsabilidad y además cuando esta supone dejar a 73 trabajadoras en la calle, máxime cuando la subrogación es una obligación que no pueden eludir”. Es una cuestión de legalidad avalada por el derecho, tanto el nacional, como el comunitario (Directiva 2001/23/CE) y las numerosas sentencias de los Tribunales superiores que así lo vienen declarando
Igualmente CCOO-A subraya que la subrogación de estas trabajadoras está apoyada por la propia Ley de Contratos del Sector Público que en su artículo 130.3 regula esta posibilidad. Por tanto, si la Ley es clara y el principio de legalidad está a su favor, es una falacia decir que subrogarlas es hacer que entren por la puerta de atrás.
De hecho los tribunales avalan que la aplicación de la subrogación no significa la integración como empleadas y empleados públicos, tal y como señala el TJUE, y una doctrina cada vez más creciente de expertos en Derecho, porque la adquisición de la condición de empleados públicos es mediante la superación de los procesos selectivos previstos de acuerdo con los principios constitucionales.
Por todo ello CCOO-A afirma que el gobierno que preside Juan Manuel Moreno nada más que da pretextos sin solvencia jurídica al indicar que no puede dar de lado al principio de legalidad, cuando en realidad “el hecho de no aceptar la subrogación es una ilegalidad que el Ejecutivo andaluz va a cometer y que este sindicato denunciará en los respectivos ámbitos”.
Comisiones Obreras en su defensa de lo público, viene demandando la recuperación de los servicios públicos privatizados, pero a la misma vez exigiendo soluciones laborales a los colectivos de trabajadoras y trabajadores que los desempeñan. CCOO considera que pedir la reversión sin plantear soluciones es hacer demagogia y atentar contra los justos derechos de estos. La recuperación de servicios públicos es un objetivo a conseguir desde una perspectiva de progreso por esta razón CCOO insiste en que debe ir ligada a las soluciones laborales.
Finalmente el sindicato advierte que movilizará a las trabajadoras y a la sociedad en defensa de lo que es justo: el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de los servicios públicos.
