Presentación del Foro Social Frontera Sur
El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha advertido este jueves que "sería una locura" convertir colegios y centros de salud andaluces en "espacios de persecución" de personas migrantes en situación administrativa irregular.
El acuerdo alcanzado este miércoles entre Vox, Cs y PP recoge que la Junta planteará al Gobierno central la firma de un convenio de colaboración en materia de inmigración irregular, "para luchar contra las mafias que trafican con personas, para ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares de acuerdo con lo que establecen las normas nacionales y europeas y para garantizar las mejores condiciones de trabajo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la inmigración irregular".
En esta línea y preguntado por los periodistas sobre el hecho de que la Policía Nacional y la Guardia Civil "puedan tener acceso a los datos de los migrantes irregulares", el secretario general de Andalucía Acoge ha defendido que se trata de "una barbaridad" y "una locura" convertir "cada centro de salud o cada colegio andaluz en un espacio de persecución de personas en situación administrativa irregular".
"Es verdad que el texto del acuerdo al que han llegado tres partidos en Andalucía para los presupuestos de la Junta recoge algo en esa línea, de ahí a que suceda en esos términos todavía queda un camino", ha precisado el secretario general de Andalucía Acoge.
Por ello, ha reivindicado que existe la protección de datos, la separación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y ha valorado que también se cuenta con "una sociedad civil que va a estar muy encima".
Respecto a esa medida, ha asegurado que "violaría" el derecho de acceso a la sanidad universal recogido en la legislación española y el derecho a la educación. Por tanto, ha considerado que "sería una barbaridad poner a los directores de los centros educativos a dar los datos de los padres a la Policía para que viniesen a buscar a las puertas de los colegios a los padres cuando viniesen a recoger a sus hijos".
"Esta es una foto demasiado desagradable y dura y estamos seguros y confiamos en que no será lo que suceda", ha indicado José Miguel Morales, quien ha matizado que "una cosa es como se recoge un texto en un acuerdo y otra cosa como se lleve la práctica".
Asimismo, ha insistido en que la legislación española "está montada de forma que a cualquier persona que quiera venir a España como migrante se le dice que venga tres años como migrante irregular y, luego, si tiene un contrato de trabajo de un año podrá acceder a la regularización de sus papeles".
"Este sistema, que no es el que nos gustaría, garantiza al menos un horizonte de inclusión social para las personas", ha señalado el secretario general de Andalucía Acoge, a la vez que ha lamentado que "ponerse a perseguir a personas en situación administrativa, que no lo están por opción propia si no porque la ley les obliga, es una forma de romper la convivencia y de agredir a la normalidad de la vida de los ciudadanos".
De su lado, el director de la Asociación Claver y coordinador del equipo SJM-Frontera Sur, Josep Buades Fuster, ha agregado que "el Gobierno no tiene interés en ejecutar expulsiones porque es caro y contraproducente" en un sistema económico que "desgraciadamente se basa en la economía sumergida inducida en vez de solucionar los problemas de documentación desde el inicio sino que condena a la irregularidad y al mercado negro durante años".
"Luego quien tiene una orden de expulsión la canjea por el pago de una multa y eso es dinero que entra en el Estado", ha explicado Buades, para concluir que una medida como la pactada es "un discurso que quiere criminalizar a la figura de las personas migrantes sin más consecuencias que la de aumentar el miedo de la población que se ve obligada a vivir en situación irregular". "Éticamente no es de recibo", ha concluido.
--EUROPA PRESS--
