Apertura del congreso
ALMERÍA.- La concejala delegada del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rafaela Abad, ha inaugurado el I Congreso Provincial contra la trata y la explotación sexual. Unas jornadas que, impulsadas por el Ayuntamiento de Almería, reúnen estos días en la capital a expertos del ámbito jurídico, sanitario, policial y asociativo, además de a supervivientes, con el objetivo de “aunar a administraciones y entidades sociales de cara a actuar de forma conjunta y coordinada contra la que es la esclavitud del siglo XXI”.
Acompañada por la presidenta nacional de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), Rocío Nieto, la concejala de Familia ha insistido en la importancia de aprovechar un congreso como el puesto en marcha en Almeria de cara a “informar, debatir y ofrecer las herramientas necesarias para que autoridades y agentes sociales puedan frenar esta lacra”.
Bajo el título 'La trata con fines de explotación sexual, una forma más de violencia contra las mujeres', el I Congreso Provincial pretende “visibilizar y denunciar un problema que padecen casi tres millones de personas en el mundo. Un 80% de ellos, mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual y la trata de personas”, ha señalado Abad durante su intervención.
El Congreso, a cuya inauguración han asistido los delegados de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, y de Educación, Antonia Morales, además del diputado provincial, Ángel Escobar, concejales del Ayuntamiento de Almería y el presidente del Colegio Oficial de Médicos, entre otros, pretende a lo largo de dos días y a través de seis mesas redondas, poner “blanco sobre negro todo lo relacionado con la trata”.
Coordinación
Un fenómeno que no está lejos y que se ha de abordar, ha insistido Abad, “desde la coordinación de todas las administraciones” y contando “con los agentes sociales implicados”.
Una línea defendida por la coordinadora de APRAMP en Almería, Rocío Mora, que ha apuntado cómo a lo largo de un año se pueden realizar en la provincia un total de 300 intervenciones con víctimas de trata y explotación sexual. Unas intervenciones en las que confluye la organización especializada, pero también las fuerzas de seguridad del Estado y las administraciones públicas. Ha apuntado, de hecho, la necesidad de acabar por implicar también a entidades privadas.
