El desánimo y el hartazgo que vive esta sociedad se refleja de muy diversas maneras en cualquier colectivo o sector, pero de todos ellos hay uno que llama más la atención por su condición como es el de la judicatura. Con motivo de la presentación de la memoria 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha vuelto a saltar ese deterioro que se viene sufriendo y para el que no se han escatimado palabras en el informe que se acaba de conocer.
Lejos de ocultar la realidad, la memoria habla de un “momento de grave crisis institucional”, en el que “un amplio sector del colectivo judicial viene exteriorizando por diversos medios la sensación de desamparo en que se encuentran, agobiados con la general sobrecarga de trabajo y, sobre todo, preocupados con la falta de impulso político y ausencia tradicional de mejoras para la justicia, así como con las reformas legales y líneas estratégicas de futuro que se vienen anunciando”. Los jueces ya no se ocultan y no parece que quieran cargar, como cabeza visible que son, con todos los males que hay detrás de la administración de justicia dado que muchos responden más a un sistema y una falta de medios de los que no son responsables.
Ya reconocen abiertamente que “la justicia, como valor máximo de nuestra sociedad, se encuentra seriamente deteriorado; al mismo tiempo, el modelo de administrar justicia no es nada satisfactorio, es insostenible y no permite rentabilizar los recursos”. Palabras graves que desde luego deberían dar pie a una seria discusión sobre el futuro de la justicia porque no se puede permitir que año tras año estas memorias sigan recogiendo las mismas inquietudes, con el consiguiente desgaste que ello conlleva, sin que se haga nada al respecto. Es momento de avanzar en la reforma de la justicia pero ésta no puede hacerse sin escuchar a las partes afectadas ni tampoco sin tener en cuenta a la oposición ya que su transformación no es cuestión de una legislatura sino que debe asentar unos cimientos con más proyección en el tiempo. Hasta ahora, sólo se han lanzado iniciativas desde el Gobierno, muy desacertadas y nada consensuadas, con lo que ni siquiera se han comenzado a dar pasos para la búsqueda de posiciones que puedan ser aceptadas por una buena parte de agentes implicados.
No se debería desperdiciar la ocasión de iniciar este proceso y correr el riesgo de que desde fuera nos tengan que decir como hacer las cosas, como ya ha pasado con la ley hipotecaria a cuenta de los desahucios.
