Jueces y fiscales se ponen de huelga en una convocatoria sin precedentes. No aguantan más. Como el resto de profesionales de este país. Un colectivo más que se suma al hartazgo que vive la sociedad en estos tiempos de crisis que desde el Gobierno del Partido Popular se ha aprovechado para llevar a cabo unas reformas que no contentan a nadie. Ni los Goya se han librado. El mundo del cine se ha subido a su particular escenario 'glamuroso' para hacerse eco del descontento ciudadano. Y ha hecho efecto, aunque los columnistas más reaccionarios se hayan reído sin escrúpulo alguno de la desdicha ajena o hayan frivolizado sobre el hecho de que gasas y tules envuelvan discursos críticos o sencillamente sensibles con tantas y tantas personas que lo están pasando mal, como si ello fuera incompatible. Pero si querían reirse mejor que hubieran dirigido sus miradas a la comparecencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ella sí que hizo un papelón al emocionarse desde su flamante ministerio cuando en sus manos está cambiar con más contundencia y no con medidas tan pírricas la situación de los desahuciados. El Gobierno está por ver, pero en este país aún hay gente que aunque le vaya particularmente bien se sonroja y le duele que el conjunto funcione tan mal. Y para expresar eso no hace falta vestir con harapos.
Pero es cierto que depende quien diga qué tiene más efecto o no. Por ello, son valiosos los discursos en una ceremonia que se supone festiva y por parte de personas que tienen muchos seguidores precisamente por no pertenecer necesariamente a ninguna sigla política, aunque esto duela.
Y la huelga de jueces y fiscales tiene una especial relevancia por quien la convoca pero también por las profundas razones que les llevan a la movilización. En el comunicado de las asociaciones que representan a estos colectivos se acusa a los gobernantes poco menos que de obstaculizar la Justicia para paralizar las investigaciones de los casos de corrupción en los que están implicados, en buena medida, la clase política. En concreto, el documento dice que “la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso”. Si a la democracia ya le habíamos sacado los colores, ahora tenemos también una razón más no ya para resetear este sistema infectado de virus por todas partes sino para reemplazarlo por otro diametralmente distinto.
