El Partido Socialista parece querer marcar las diferencias con su principal opositor el Partido Popular. La letrilla de las calles tan tatareada en los últimos meses de 'tanto monta, monta tanto' empieza a calar en unas siglas que quisieran estar en las antípodas de su rival, máxime cuando de éste ya no sólo se cuestiona su forma de gobernar inmisericorde sino también su manera de gestionarse. Y para establecer esa diferenciación, tiene aquí, en Andalucía su principal territorio de ensayo, al que ayuda tener como compañero de filas a una fuerza política, Izquierda Unida, a la que aún pesa más cualquier semejanza entre PSOE y PP.
Así, el Ejecutivo andaluz se ha lanzado a aprobar decretos y adoptar medidas con las que trata de poner tierra de por medio con respecto a las disposiciones que se imponen desde el Gobierno central. Hace unos días aprobaba el decreto ley antidesahucios que posibilita la expropiación temporal de viviendas a la Banca a cambio de una indemnización para evitar la expulsión de sus viviendas de determinados colectivos vulnerables. La medida, por supuesto, ha sentado fatal en las filas populares que ya anuncian males mayores que las bonanzas que pueda traer consigo.
Ahora, se anuncia un nuevo decreto contra le exclusión social que contempla la generación de empleo a través de los servicios de bienestar social de los ayuntamientos, la garantía de que todos los menores tendrán tres comidas al día y el acceso al salario de renta básica en tres meses. Las críticas aún no han llegado, pero llegarán.
Las alarmas se han encendido en el Gobierno andaluz. Si estas medidas son eficaces o no, si con el tiempo traerán consecuencias aún peores está por ver, pero de entrada parece que se empieza a entender que en este país hay personas, en otro tiempo con un buen salario, que no tienen que meterse a la boca ni donde cobijarse si siguen adelante los desahucios. Personas cuya dignidad está por delante de cualquier otro principio. Y algo hay que hacer.
