SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
Vox ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a que proceda a la disolución y extinción de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), toda vez que su objeto social puede ser llevado mediante la iniciativa público-privada, y sus funciones sean asumidas por la propia Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
En la iniciativa, consultada por Europa Press, se insta además al Gobierno andaluz a que, por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se lleve a cabo de manera eficaz un plan de inspección periódica del parque de viviendas de protección oficial para evitar que existan viviendas públicas deshabitadas o se encuentren en condiciones deplorables.
Otra demanda a la administración autonómica es un plan de revisión e inspección periódica de los expedientes de situación económica de los inquilinos en régimen de alquiler y un plan de revisión e inspección periódica del estado en que se encuentran los expedientes de desahucio, así como del estado de cumplimiento de los contratos de alquiler para que, en caso de incumplimientos voluntarios y reiterados, se proceda de manera inmediata a iniciar los trámites de desahucio.
Vox reclama al Ejecutivo autonómico que fomente y desarrolle la colaboración entre la administración pública y la iniciativa privada para la construcción, rehabilitación y gestión de viviendas de protección oficial, tanto en régimen de alquiler como en propiedad. Para ello, le pide que emprenda una flexibilización, reducción y mejora de los procedimientos y cargas administrativas en relación con dicha construcción, rehabilitación y gestión del parque de viviendas de protección oficial.
Asimismo, reclama a la Junta que establezca rebajas fiscales tanto para los propietarios que pongan en alquiler social sus inmuebles, como para los promotores que construyan o rehabiliten viviendas en alquiler social para hogares con rentas bajas, que constituyan familias numerosas y no acumulen antecedentes penales. Otra demanda consiste en incrementar el impulso de los planes sociales de alquiler de vivienda e introducir como candidatos preferentes a las familias numerosas, y cambiar los umbrales en los planes de vivienda, tanto en la renta como en edad, para que las familias numerosas puedan acceder a una vivienda de protección oficial.
Vox pide también a la Junta que promueva la figura del alquiler con opción a compra en viviendas protegidas, figura jurídica que debería quedar incorporada a los contratos, estudiando, asimismo, la posibilidad de establecer un plan de cesiones en propiedad a los arrendatarios de viviendas que forman parte del parque público del que AVRA es titular, bajo determinadas condiciones familiares y de renta.
Para Vox, la promoción y gestión de viviendas de protección oficial no necesita la creación de una empresa pública, ya que la colaboración público-privada puede ser gestionada mediante convenios con las gerencias de urbanismo o la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, "sin necesidad de crear entidades jurídicas que luego hay que liquidar con el dinero de todos los andaluces".
En su opinión, la extinción de AVRA permitiría destinar más dinero a la promoción y construcción de más viviendas de protección pública para las familias y jóvenes de Andalucía. Mientras tanto, plantea que dicho ente instrumental se someta periódicamente a una auditoría o actividad inspectora similar porque lo que no puede permitirse es que este tipo de entidades acaben convirtiéndose en chiringuitos donde colocar a los afiliados de los partidos gobernantes.
Según Vox, en materia de vivienda protegida "no salen las cuentas" porque los demandantes son muchos y la oferta muy escasa, y construir este tipo de pisos puede conllevar pérdidas para los promotores. "La gestión del parque de viviendas de protección oficial no debe suponer para los andaluces un pozo sin fondo donde cada año se destinen millones de euros pero que, luego, no sabemos realmente en qué se traducen, ya que el estado en que se encuentran hoy día la mayor parte de las viviendas de protección oficial es más que reprobable, sobre todo las que se encuentran en régimen de alquiler".
