martes. 29.11.2022

Protocolo del Ayuntamiento contra la violencia de género en las relaciones de pareja de su plantilla

La Delegación de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla va a poner en marcha un protocolo de actuación contra la violencia de género en las relaciones de pareja en el ámbito de la plantilla municipal, que contiene una serie de medidas preventivas y de protección a las trabajadoras del Consistorio que sean víctimas de violencia de género.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla va a poner en marcha un protocolo de actuación contra la violencia de género en las relaciones de pareja en el ámbito de la plantilla municipal, que contiene una serie de medidas preventivas y de protección a las trabajadoras del Consistorio que sean víctimas de violencia de género.

El protocolo, fruto de la comisión de trabajo conformada por el Ayuntamiento junto con los representantes de los trabajadores, viene a dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Igualdad de Oportunidades del Personal del Ayuntamiento de Sevilla, según una nota del Ayuntamiento.

La delegada de Igualdad y Recursos Humanos, Clara Macías, ha destacado que la puesta en marcha de este protocolo, que ya ha aprobado la Junta de Gobierno Local, "viene a demostrar que desde el Ayuntamiento manifestamos nuestra tolerancia cero ante cualquier conducta de violencia de género y nuestro compromiso con el objetivo de mantener y fomentar un entorno de trabajo seguro y respetuoso y con la puesta en marcha de prácticas que favorezcan un entorno laboral libre de violencia de género en las relaciones de pareja".

El protocolo se dirige a todas las mujeres que tengan una relación laboral o de prácticas con el Consistorio y que sean víctimas de violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja, incluyendo a las mujeres transexuales así como a aquellas cuyos hijos hayan sido asesinados como consecuencia de la violencia vicaria.

También se dirige a trabajadores o personal en práctica que sean hijos e hijas de mujeres víctimas de la violencia de género y personas menores de edad, mayores o con discapacidad.

Cuando la víctima y el presunto agresor sean empleados municipales, el protocolo establece una serie de medidas encaminadas a preservar el cumplimiento de las medidas de protección, incluidas las de alejamiento como la aplicación del teletrabajo si es compatible con sus funciones o la posibilidad de cambio de centro de trabajo; la adaptación de los turnos si son rotatorios para garantizar la protección de la víctima; o la inversión de vacaciones y descansos.

Estas medidas poseerán el mismo carácter que las medidas de alejamiento acordadas en resolución judicial, serán temporales en caso de que ésta lo sea y si es definitiva se revisarán por la comisión con carácter anual.

Si la víctima forma parte de la plantilla municipal pero el presunto agresor no, también se adoptarán medidas para preservar el cumplimiento de las medidas de protección incluidas las de alejamiento, como la aplicación de teletrabajo si es compatible con sus funciones o la posibilidad de cambio de centro de trabajo.

En ambos casos se adoptarán otras medidas para la protección de víctimas acreditadas como el acceso preferente a plazas de aparcamientos en aquellos espacios municipales que cuentan con las mismas y otras de carácter preventivo.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON LA POLICÍA LOCAL

Todas estas medidas se supervisarán por parte de una comisión que mantendrá una coordinación permanente con la Policía Local y con el resto de fuerzas y cuerpos seguridad del Estado para el seguimiento de las víctimas que hayan activado la intervención de este protocolo.

Igualmente, se establecen medidas encaminadas a la recuperación personal de las victimas acreditadas como derecho a la reordenación del trabajo; justificación de ausencias o faltas de puntualidad cuando lo determinen los servicios especializados en atención a víctimas de violencia de género; suspensión de la relación laboral con reserva de puestos de trabajo; extincion del contrato con derecho a prestación por desempleo; derecho a excedencia para las funcionarias víctimas de violencia de género sin haber prestado un tiempo mínimo de servicios; facilitar el acceso a la red de Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM); concesión de una ayuda directa de hasta 1200 euros previa acreditación de del proceso de recuperación personal por parte de los servicios públicos competentes; permisos de trabajo y ausencias parciales de tiempo de trabajo para la realización de trámites médicos, administrativos judiciales, etc; y prioridad en la gestión de vacaciones y permisos.

Además no podrán ser penalizadas si estando inmersas en este proceso de recuperación personal tienen que rechazar un llamamiento de la bolsa de personal del Ayuntamiento o abandonaran o anularan aquellos cursos de formación a los que hubieran concurrido.

El protocolo incluye una serie de medidas preventivas y de sensibilización como la elaboración de planes de formación y de comunicaciones especializados y de material preventivo; campañas de sensibilización permanente; medidas relativas a la salud ambiental e individual a actualización de los cuestionarios de evaluación de riesgos psicosociales y valoración de las medidas de igualdad y prevención en los pliegos de contratación externa del Ayuntamiento.

RED DE REFERENTES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Además de establecer una coordinación permanente con los CIAM, el protocolo crea la Red de Referentes contra la Violencia de Género en el Ayuntamiento de Sevilla en la que podrán integrarse todos los trabajadores que deseen recibir información especializada sobre violencia de género y sobre el contenido de este protocolo y convertirse, así, en referentes identificables dentro de sus servicios para canalizar la comunicación entre las posibles víctimas y la comisión y acompañarlas.

Por último, el protocolo también desplegará sus efectos en los dependencias municipales como espacios libres de violencia de género para mujeres que no sean miembros de la plantilla municipal, tanto en el caso de que sean objeto de una agresión machista en las mismas como de que se detecte una situación de violencia de género.

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