SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley del PP-A en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que "rectifique y paralice" la tramitación de la nueva Ley de Vivienda "por entrar en colisión clara y evidente con lo establecido en la Constitución española en relación con el derecho a la propiedad privada" y por "clara injerencia en las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos".
La iniciativa popular ha sido apoyada en su totalidad por Cs y Vox, mientras que el PSOE-A ha rechazado la mayoría de los puntos y se ha abstenido sólo en dos, como el relativo a que la Junta "siga promoviendo y fomentando la construcción de vivienda a precio asequible en Andalucía destinada a los colectivos más vulnerables". Unidas Podemos ha rechazado la proposición en su totalidad.
El Parlamento ha instado a la Junta a demandar al Ejecutivo nacional que abandone "el abuso en la adopción de medidas que supongan aumentar la presión fiscal de los ciudadanos, más aún en el actual contexto de necesidad de dinamizar y revitalizar la actividad económica, y que de marcha atrás a la modificación de los valores de referencia de los inmuebles cuya consecuencia es el incremento de impuestos en propietarios de inmuebles y/o en quienes aspiran a disponer de alguno como parte de proyecto familiar y/o profesional".
La Cámara ha mostrado, en virtud de la iniciativa aprobada, su "disconformidad ante cualquier intento de socavar principios constitucionales tales como la propiedad privada o la economía de mercado así como el marco competencial vigente y rechaza los numerosos intentos de injerencia que se vienen produciendo y que perjudican enormemente a nuestra comunidad autónoma".
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Juan Bueno ha señalado que, tras importantes "desencuentros" entre los dos socios del Gobierno central, PSOE y Unidas Podemos, se ha planteado un proyecto de Ley de Vivienda que "no puede ser más preocupante, empezando por la constatación de que ha prevalecido la postura más reaccionaria sostenida por uno de los socios del Ejecutivo en, al menos, lo que se refiere a la intervención en el precio del alquiler, una de las principales cuestiones a resolver".
Así, según ha indicado, se ha optado definitivamente, debido a "la cesión" del PSOE, por "intervenir en el precio del alquiler" . "Estamos ante una norma que ha pasado el primer escollo por un puro interés político y de supervivencia en el poder y en asegurarse votos y apoyos a los PGE que a la necesidad de reformar el mercado de la vivienda y del alquiler", ha señalado.
"Esta norma que regulará una cuestión de enorme importancia como es la vivienda es, de entrada, y debido a la injerencia que impone, atenta, sin paliativos, contra el derecho constitucional a la propiedad privada dejando en clara indefensión a los propietarios de viviendas", ha denunciado Bueno.
Ha añadido además que es una norma elaborada de "espaldas a las comunidades autónomas y que carece, por tanto, de negociación alguna, y que invade competencias de éstas y también de los ayuntamientos en lo que respecta al IBI, que puede elevarse incluso en un 150 por ciento para el propietario que disponga de una vivienda vacía".
POSICIONAMIENTO DE GRUPOS
Por su parte, la diputada del PSOE-A Araceli Maeso ha indicado que la iniciativa del PP-A es una muestra más "de su estrategia continuada de confrontacion contra el Gobierno central" y persigue un "boicot" a la futura Ley de Vivienda estatal. "Esto es para ustedes la vivienda, confrontación", según ha dicho Maeso a la bancada popular, y ha criticado que la Junta diga que no se va aplicar esta norma en esta comunidad ni en los municipios gobernados por el PP. Ha señalado que la iniciativa del PP-A es demuestra además una "absoluta insensibilidad" hacia muchas familias andaluzas que no pueden acceder a una vivienda o que les cuesta la misma vida pagar un alquiler.
Ha defendido la futura Ley de Vivienda estatal, apuntando que es "pionera" porque por primera vez e reconoce en una norma el derecho constitucional a una vivienda.
El parlamentario de Cs Enrique Moreno ha manifestado que el Gobierno central del PSOE ha elaborado una Ley de Vivienda que cede a las demandas de sus socios de Unidas Podemos a cambio de que esta formación apoye los PGE de 2022 y siga manteniendo a Pedro Sánchez "en la Moncloa". Ha manifestado que la intervención en los precios en el mercado de alquiler que se busca con esta norma no ha dado resultado en otros países y supone un "ataque frontal contra la propiedad privada".
La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha apuntado que la PNL del PP-A habla de una ley de vivienda que "no está aprobada", y que es "un anteproyecto que es susceptible de cambios", tras lo que ha criticado que los 'populares' "no quieren ninguna regulación" ni en el "mercado de la vivienda ni en el mercado laboral". "Ahí la selva", ha comentado antes de defender que desde UPporA consideran que "la vivienda es un derecho que la Constitución nos obliga a garantizar", y que "hacía falta tomar medidas" al respecto.
La diputada de Vox Ana Gil ha denunciado que la solución a los problemas que hay actualmente en el mercado de la vivienda no son las "medidas intervencionistas, al más puro estilo comunista" que está llevando a cabo el Gobierno central, que además no actúa contra la "ocupación ilegal" de viviendas. Ha indicado que la ley planteada por el Ejecutivo nacional supone "invasión" de competencias de la comunidad y ha abogado por la construcción de más viviendas públicas. "El acceso a una vivienda no puede convertirse en un lujo al que muy pocos tienen acceso", ha dicho.
