CAMAS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)
La plataforma ciudadana que reclama que el cortijo de Gambogaz, enclavado en Camas (Sevilla), deje de pertenecer a la familia del general Gonzalo Queipo de Llano, repudiado en 2016 por el pleno del Ayuntamiento hispalense a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando tras el golpe de estado de 1936; y sea recuperado para la creación de un centro de memoria histórica, ha convocado una nueva marcha reivindicativa para las 11 horas de este sábado.
La marcha, que según la convocatoria recogida por Europa Press comenzará desde la plaza del Ayuntamiento de Camas, se celebrará después de que en marzo de 2020 fuese suspendida una movilización similar a cuenta de la irrupción de la pandemia de coronavirus Covid-19, toda vez que en agosto de 2018 el citado cortijo ya fue objeto de un intento de ocupación promovido por el SAT, la CUT y el colectivo Jaleo.
La citada movilización de 2018, celebrada ante la presencia de la Policía Nacional, se redujo finalmente a una concentración "simbólica" a las puertas del cortijo para reivindicar "tierra y libertad".
La nueva marcha hacia el cortijo de Gambogaz, en cualquier caso, se celebrará nuevamente con el lema "Gambogaz para el pueblo", para reavivar la demanda de que dicho cortijo sea "recuperado" para lo público y sea destinado a la creación de un centro de memoria histórica y democrática.
GAMBOGAZ Y QUEIPO DE LLANO
El colectivo expone que el general golpista Gonzalo Queipo de Llano, cuya tumba sigue en la basílica de la Macarena frente al acuerdo plenario de Sevilla que reclama sacarla del citado templo, emprendió la adquisición de este cortijo y sus tierras en 1937, cuando "disponía de plenos poderes para ejercer su prevalencia en cualquier operación comercial que se planteara", pues "su Estado Mayor controlaba la administración y los instrumentos financieros de Andalucía, donde sus tropas desplegaban una inusitada violencia".
Según la plataforma, el citado general adquirió casi el 86 por ciento del total de la finca, de unas 480 hectáreas, con un dinero que "procedía del Banco de España y la justificación del auxilio de la agricultura y protección de los obreros del campo o modestos agricultores para mejorar sus medios de vida y elementos de su producción", para lo cual adquirió los terrenos "a su nombre" y después los donó a una entidad que acababa de constituir, la "Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano".
"NO LLEGÓ A PAGAR"
Entre 1938 y 1940, según el colectivo, Queipo de Llano se hizo con los terrenos de la finca que aún seguían en manos de la familia que hasta entonces poseía los suelos y en 1943, "la Fundación Agraria transmitió la propiedad de la finca" al propio Queipo de Llano, a partir de entonces "único propietario de Gambogazno", pese a que "no llegó a pagar ningún dinero propio por su adquisición".
Mientras el cortijo sigue actualmente en manos de los herederos del general, el colectivo ha pedido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por intermediación de la Alcaldía de Camas, ostentada por Rafael Recio (PSOE), "la formación de una comisión histórica y jurídica con capacidad para completar la documentación que permita llevar ante la Abogacía del Estado el caso de Gambogaz", reclamando además la "implicación" del Consistorio y la Diputación de Sevilla para "llegar a juzgar la propiedad del cortijo".
Respecto a este asunto, el Ayuntamiento de Camas lamentaba tiempo atrás "la huella aún presente en el municipio del terrible genocida Queipo de Llano", esgrimiendo sus gestiones para que el mencionado recinto sea declarado como lugar de memoria democrática de Andalucía, lo que ceñiría el cortijo a la Ley autonómica de 2017 sobre Memoria Histórica y Democrática.
A tal efecto, el Consistorio destacaba que para ello, mantiene "una estrecha colaboración con la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática" y estaba pendiente del resultado de una investigación sobre el citado cortijo, para elevarla a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y su revisión por parte de un grupo de expertos, merced a la mencionada ley de 2017.
