SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los apoyos de PP-A, Ciudadanos, Vox y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, y la abstención del PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía, el decreto del Gobierno autonómico que busca facilitar el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda de las entidades locales con la Junta de Andalucía con el fin de que puedan acceder a los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 18/2021, de 7 de septiembre, por el que se regula el aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de deudas de entidades locales y se establecen otras normas recaudatorias.
Igualmente, el Pleno del Parlamento ha rechazado que este decreto se tramite como proyecto de ley, solicitud realizada por PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía que ha contado con el voto en contra de PP-A, Cs y Vox.
El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha defendido ante el Pleno de la Cámara este decreto que, según ha expuesto, se enmarca en la situación actual de algunas corporaciones locales, especialmente ayuntamientos, derivada de sus deudas con la Administración autonómica, que les impide afrontar a corto plazo sus obligaciones tributarias y el cumplimiento de pago de otras deudas, lo que podría impedirles acceder a los fondos europeos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía, según ha advertido.
MODIFICACIÓN DE LA PATRICA
El decreto ley convalidado este miércoles modifica la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía (Patrica), de modo que la nueva norma fija un periodo de carencia de hasta dos años para comenzar a abonar deudas con la Junta y, además, permite fraccionar el pago durante los siguientes 15 años una vez transcurrido ese periodo de carencia.
En concreto, el plazo para el pago fraccionado se determinará dividiendo la deuda entre el 25% del importe anual de la Patrica. Para asegurar el cobro de la deuda en caso de impago, se podrá proceder a la compensación con los abonos correspondientes a la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad hasta un límite del 50% para no condicionar su viabilidad financiera.
El importe máximo a aplazar y fraccionar no podrá exceder de la cuantía resultante de multiplicar por 15 el importe de la Patrica consignada para cada entidad local en el Presupuesto vigente de la comunidad, en la fecha de la solicitud del aplazamiento y fraccionamiento.
Además, con este decreto se modifica la Ley General de la Hacienda Pública, para que las corporaciones locales, empresas o personas físicas con deudas aplazadas o fraccionadas vigentes puedan recibir subvenciones, ya que lo que se pretende es precisamente que no se vean perjudicadas cuando han regularizado su situación o se ha suspendido la deuda, aún en periodo ejecutivo.
Asimismo, se permitirá a entidades públicas y privadas aplazar o fraccionar reintegros que deban hacer a la Junta por mandato judicial o resolución administrativa firme. Para ello, deberán aportar un compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución.
Bravo ha detallado que no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento los reintegros obligados, de acuerdo con la legislación concursal, que tengan la consideración de créditos contra la masa; los resultantes de la ejecución de decisiones de la Comisión Europea de recuperación de ayudas de Estado; aquellos determinados por resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias a recursos que quedaran suspendidos durante la tramitación de dichos recursos (salvo que cuentan con el compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución); y los reintegros de remanentes no aplicados, así como los intereses de demora derivados de los mismos, salvo los que sean objeto de devolución con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, que no tendrán necesidad de constitución de garantía cuando su importe sea inferior a 30.000 euros.
Previamente a este decreto el Pleno del Parlamento ha convalidado este miércoles otro de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que ha contado con los apoyos de todos los grupos y la abstención de los diputados no adscritos procedentes de Adelante.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-Ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y se modifican otras disposiciones normativas.
PSOE-A VE "MEJORABLE" EL DECRETO DE HACIENDA
En el turno de intervenciones de los grupos, y en relación al decreto de aplazamiento de la deuda de ayuntamientos con la Junta, el diputado del PSOE-A Felipe López ha justificado la abstención del Grupo Socialista y su petición de que se tramite como proyecto de ley para "modificar y mejorar" una iniciativa cuya arquitectura ha considerado "mejorable" y con la que la Junta llega "tarde y mal", según ha opinado, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo no haya contado con un informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales de la FAMP a propósito de este decreto.
El diputado del PP-A Bruno García ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno está poniendo sobre la mesa medidas para aliviar la situación de los ayuntamientos y, de hecho, ha incrementado la Patrica tras años de congelación. Ha indicado que la Junta está actuando, pero se necesita también que el Gobierno central "haga su parte", y ha advertido al PSOE-A de que no es municipalismo poner a los ayuntamientos "en contra" de la Junta.
El parlamentario de Cs Carlos Hernández White ha defendido el decreto como "necesario y oportuno", convencido de que "no hay ninguna razón para que ayuntamientos y ciudadanos se queden fuera de unos fondos fundamentales para la reactivación económica". Hernández White ha subrayado que "Ciudadanos cumple con Andalucía" tras alegar que "se ha sacado del congelador la Patrica, que ahora se incrementa año tras año de 10 y 18 millones; se ha reducido la deuda de la Junta con los ayuntamientos de 180 millones que se les debía y se ha situado a 9 millones, un 95% menos". "Este Gobierno lo está demostrando con hechos", ha afirmado Hernández White sobre la colaboración de Junta con ayuntamientos.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, ha señalado que, con este decreto, la Junta va "a remolque" respecto al Gobierno central, y muestra su "absoluto rechazo al diálogo a pesar de su discurso y sus llamamientos constantes al consenso", porque "no han hablado con la FAMP" --Federación Andaluza de Municipios y Provincias--, ni "con el resto de grupos", según ha criticado el diputado antes de defender que esta iniciativa, que ha pedido que se tramite como proyecto de ley, podría llegar "mejor" al Parlamento si hubiera habido ese diálogo por parte del Gobierno andaluz.
Por último, la diputada de Vox Ángela Mulas ha manifestado que Vox está de acuerdo con todas las medidas para que los fondos europeos lleguen lo antes posible, pero no de cualquier manera, y ha considerado que los ayuntamientos no pueden encaminarse a un incumplimiento de las reglas de estabilidad financiera. "No se pueden escudar ahora en esta medida para no pagar las deudas tributarias que les corresponden", según ha señalado Mulas, quien ha manifestado que Vox no cree que los ayuntamientos deban participar en la gestión de los fondos europeos. Ha considerado que el decreto de la Junta plantea "una solución para malos pagadores".
