SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha señalado este martes, respecto al personal técnico de integración social (PTIS) y a los intérpretes de lengua de signos (ILSE), que la Agencia Pública Andaluz de Educación (APAE) firma contratos con las empresas que ofrecen este servicio, no con sus trabajadores, cuyas condiciones laborales "están sujetas a los correspondientes convenios colectivos".
Así lo ha indicado la consejería a través de un comunicado, remitido a Europa Press, después de que este mismo martes el personal de los servicios públicos educativos y complementarios de todos los centros andaluces haya iniciado una huelga, convocado por CCOO, con carácter indefinido para denunciar la "extrema precariedad" a la que el gobierno andaluz tiene sometido a este servicio, de atención directa en el aula al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
De este modo, desde Desarrollo Educativo han apuntado que el modelo actual de funcionamiento de los PTIS en los centros educativos andaluces, con personal de Administración y Servicios de Función Pública de la Junta de Andalucía --1.087 en la actualidad-- y personal externalizado a través de contratos con empresas de servicios --1.885--, "fue creado en 2006 por la anterior administración socialista".
"La Junta de Andalucía, a través de la APAE, por tanto, firma contratos con empresas, no con sus trabajadores, cuyas condiciones laborales están sujetas a los correspondientes convenios colectivos", ha asegurado, para añadir que los conflictos laborales entre estos trabajadores y sus empresas "deben resolverse por tanto en ese marco", y que es el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección laboral y en el marco de sus competencias, quien "debe velar por el cumplimiento de los convenios colectivos".
Asimismo, desde la consejería han destacado que el gobierno actual de la Junta de Andalucía ha impulsado una serie de medidas encaminadas "a paliar déficits" de este sistema, en primer lugar, estableciendo por primera vez una cobertura jurídica a la prestación de estos servicios a través de un Decreto, "facilitando así el mantenimiento de los puestos de trabajo".
Igualmente, ha subrayado que "aumentó" el precio de las licitaciones --un 17%-- y modificó algunas condiciones con el objetivo "de elevar el rigor en el cumplimiento de los pliegos, incluyendo subsanaciones en la prestación del servicio, la solicitud de la intervención de la Inspección de Trabajo en caso de irregularidades y la aplicación de las penalizaciones estipuladas en caso de incumplimiento".
Por último, la Consejería de Desarrollo Educativo ha indicado que desde 2017 ha ejecutado penalizaciones "a un total de siete empresas de estos servicios".
