Alteraban los cuentakilómetros restando incluso 170.392 kilómetros en uno de los casos
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Sevilla reclama cinco años de cárcel para cada uno de los dos varones a juzgar este lunes por la Sección Cuarta de la Audiencia provincial, acusados de un presunto delito continuado de estafa por la venta de vehículos de segunda mano cuyos cuentakilómetros habían sido supuestamente manipulados, extremo que habría afectado a un total de 43 personas, en concreto seis intermediarios y 37 compradores particulares.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el primer acusado es Francisco C.J., con antecedentes penales cancelados, quien supuestamente, "al menos durante 2012, 2013 y 2014, como titular del establecimiento de compraventa de vehículos de ocasión Automóviles Paco", localizado en Fuentes de Andalucía, "procedió a la venta de vehículos de segunda mano, cuyos cuentakilómetros (odómetros) había manipulado previamente a fin de reducir el número de kilómetros reales y favorecer la venta de los mismos de forma irregular, obteniendo con ello un ilícito beneficio".
Para ello, siempre presuntamente y siempre según el Ministerio Público, "se puso de acuerdo con el también acusado, Rafael M.S., quien contaba con la herramienta necesaria para la actividad referida".
Así, "la venta de vehículos se efectuó en algunos casos directamente a particulares y en otros casos a través de intermediarios que desconocían la alteración de los odómetros y que, igualmente, han resultado perjudicados en sus negocios", indica la Fiscalía, detallando que se vieron afectados seis intermediarios y 37 compradores a título particular.
Más al detalle, los coches en cuestión fueron vendidos por precios que oscilan entre los 4.800 y los 11.500 euros, pesando casos como uno al que le habrían restado 170.392 kilómetros, otro al que le habrían reducido 140.367 kilómetros u otro al que le habrían bajado 133.467 kilómetros, entre otros.
Dado el caso, el Ministerio Público achaca a los acusados un presunto delito continuado de estafa, reclamando cinco años de cárcel para cada uno de ellos.
