SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha presentado ante el Consejo de Gobierno el informe de evaluación del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía (2016-2020) que arroja como principal objetivo logrado la mejora de la atención a los niños, niñas y adolescentes vulnerables o víctimas de violencia.
Este proceso de evaluación de los resultados se ha llevado a cabo mediante diversas técnicas de recogida de información dirigidas a los distintos colectivos implicados, según ha explicado la Junta de Andalucía en un comunicado difundido tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves.
El objetivo de la evaluación ha sido determinar de qué manera se han puesto en marcha las actuaciones contempladas en el II Plan y en qué medida el desarrollo de las mismas ha contribuido a la consecución de los objetivos planteados. Asimismo, este proceso ha permitido la identificación de dificultades y obstáculos en la implementación de las políticas de infancia y adolescencia en Andalucía, así como las buenas prácticas.
Para ello, la Junta ha contado con la participación de niños, niñas y adolescentes de consejos locales o espacios similares; las entidades sociales del ámbito de la infancia; el personal técnico de la administración local en relación con la atención a los niños, niñas y adolescentes; y la administración de la Junta de Andalucía, liderada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Además de la conclusión sobre la mejora en la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, especialmente pobreza o víctima de violencia, la Junta ha indicado que ha constatado la mejora en ámbitos como la desigualdad de género y la infancia con discapacidad y en el aumento de los recursos destinados a este colectivo. Así, se ha valorado el abordaje realizado en la atención que se presta a los niños, niñas y adolescentes mediante el procedimiento SIMIA, que es considerado por los agentes implicados como un gran avance en la identificación de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo y en la capacidad de actuar frente a ellas.
Por otra parte, ha señalado que el fomento de la participación de los niños, niñas y adolescentes ha sido valorado como una de las principales innovaciones del II Plan de Infancia y Adolescencia. No obstante, se han identificado dos retos en este ámbito: por un lado, un desarrollo territorial homogéneo de los espacios de participación con el objetivo de que lleguen a los municipios de Andalucía donde aún no se han desarrollado y, por otro lado, las implicaciones y repercusiones efectivas que esta participación tenga o pueda tener en la vida de los municipios para que tenga la visibilización y difusión de los beneficios de la participación infantil y adolescente.
Asimismo, ha apuntado que el documento también pone de relieve el hecho de que la situación de pobreza infantil y exclusión se ha visto agravado como consecuencia del contexto de pandemia en este último periodo. Y, por otra parte, no se han percibido las mejoras en la atención a la infancia migrante o en los recursos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental y los hijos e hijas de padres y madres con estos problemas.
Entre los principales obstáculos detectados, el informe se refiere a la falta de un enfoque transversal en las políticas de infancia y adolescencia y sugiere la involucración de toda la administración y la sociedad civil. A pesar de ello, considera que el plan ha sido inclusivo e igualitario con los niños y las niñas.
Finalmente, la Junta ha remarcado que el documento hace referencia a la Ley 47/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía como un logro conseguido pero no previsto por el plan. Esta norma, aprobada por el Parlamento de Andalucía, nace con el fin de garantizar la protección a la infancia y adolescencia en el territorio andaluz, encargándose de las necesidades que ya se venían atendiendo y de las que han ido surgiendo en los años que la separan de la ley anterior de 1998.
Según ha explicado la Administración, esta norma está basada en la promoción de los derechos y en la prevención, con especial preocupación por las situaciones de riesgo y de las personas menores con mayor vulnerabilidad. Así, incorpora la regulación de los derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad y define el ámbito competencial de la administración de la Junta de Andalucía en esta materia, creando escenarios para la participación infantil y definiendo un sistema de información e indicadores sobre infancia y adolescencia.
