MADRID/SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles la distribución de más de 360 millones de euros --de los que más de 67 corresponderán a Andalucía-- para "reforzar" asuntos como la equidad, la inclusión y la calidad de la enseñanza.
Así lo ha dado a conocer el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, que ha presidido la ministra del ramo, Milagros Tolón, en la sede del departamento en Madrid.
Según el secretario de Estado, la reunión ha sido "densa" porque había asuntos "importantes", a la vez que ha sido "absolutamente productiva en cuanto al "diálogo" y los acuerdos adoptados.
Abelardo de la Rosa ha detallado que la Conferencia Sectorial de Educación ha aprobado distribuir un total de "321 millones de euros" a través de seis Programas de Cooperación Territorial. Entre ellos, ha destacado el PROA+ (Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo), dotado con 105,9 millones de euros.
Otros programas con asignación de fondos son el programa de educación inclusiva con 28,7 millones de euros, y otro que de la misma materia con 7,7 millones.
Además, el programa de Bienestar y Protección de los Centros Educativos duplica su dotación y pasa de cinco a diez millones de euros; el programa de refuerzo de la competencia lectora tiene un presupuesto de 56,2 millones de euros; y el programa de recuerdo de la competencia matemática cuenta con más de 120 millones de euros.
"Es una inversión muy importante", ha subrayado el secretario de Estado, que ha indicado que también se ha aprobado una partida de 31,1 millones para el refuerzo del programa de formación profesional.
DATOS DE ANDALUCÍA
En una nota, desde el Gobierno han detallado que son más de 67 millones los que el Ministerio de Educación ha concedido a Andalucía para el impulso de los referidos seis programas de cooperación territorial destinados al apoyo educativo.
En concreto, a Andalucía se le han concedido 11,2 millones para el Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, y 26,3 millones para el de refuerzo de la Competencia Matemática. Ambos se centran en "ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje", que, en el caso de la lectura, es "en distintos soportes".
Tienen como objetivo "mejorar el nivel de desempeño del alumnado de segundo ciclo de educación Infantil --solo en el caso del de lectura--, Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico".
Otro de los programas, el de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+), dotado con 21,6 millones para Andalucía --cofinanciados por el Ministerio y el Fondo Social Europeo Plus--, "responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa".
Según precisa el Gobierno, serán las comunidades las que seleccionen aquellos centros que "por sus características y vulnerabilidad del alumnado deban formar parte de 'PROA+'".
El objetivo de dicho programa es "impulsar una transformación progresiva de los centros basada en la generación de expectativas positivas para todo el alumnado y en la consolidación de un clima escolar inclusivo, para que todo el alumnado alcance el éxito educativo".
Por otra parte, hay dos programas de Educación Inclusiva, uno dotado con 1,2 millones para Andalucía --cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus-- y el otro con 4,8, que tienen por objeto "impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos".
De esta manera, persiguen "identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar que todo el alumnado acceda en igualdad de oportunidades al sistema educativo, participe plenamente en la vida escolar y desarrolle su aprendizaje en condiciones de equidad e inclusión".
Otro de los programas, el de Bienestar y Protección en los centros educativos, para el que Andalucía recibe 1,7 millones, persigue "potenciar el bienestar y la convivencia escolar desde una perspectiva integral, favoreciendo la formación del profesorado y tomando como eje la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección para mejorar los entornos educativos".
Desde el Gobierno apuntan que la Lomloe incorporó entre sus principios "la necesidad de garantizar entornos educativos seguros y promover el desarrollo integral del alumnado". En este contexto, se estableció la obligatoriedad de designar en todos los centros educativos la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección.
En esta línea, los objetivos de dicho programa son "facilitar la liberación del horario lectivo de los coordinadores de bienestar; aumentar y/o reforzar los recursos humanos para la intervención en el campo de la promoción del bienestar emocional a través de la incorporación de asesoras/es o profesionales específicos; desarrollar actuaciones formativas destinadas a coordinadores o coordinadoras de bienestar y protección, y desarrollar actuaciones formativas dirigidas al profesorado y a los servicios de inspección de educación".
En la Conferencia Sectorial del pasado 6 de marzo se aprobó la distribución de 58,6 millones de euros del Programa de ayudas para libros de texto y material didáctico. Por ello, tras la Sectorial de este miércoles el Ministerio habrá transferido a las autonomías un total de 387,7 millones de euros para Programas de Cooperación Territorial este 2026, "prácticamente el triple de lo destinado en 2018", que fue 129,7 millones de euros, según han puesto de relieve desde el Gobierno.
NORMAS APROBADAS
Por otro lado, el secretario de Estado ha informado también de que se ha dado cuenta a las comunidades autónomas de algunas normas aprobadas por el Ministerio, como son el real decreto por el que se establecen las características de la formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva en los centros educativos, prevista en la Ley Orgánica de Educación o el decreto de la función inspectora educativa, profesionales que "necesitaban" una norma "más moderna".
Según Abelardo de la Rosa, también se ha abordado la norma que profundiza en la digitalización de la Formación Profesional y la última producción del Observatorio Estatal de la Convivencia, que ha hecho una guía sobre cómo abordar el ciberacoso.
En cuanto a la etapa de educación infantil de 0-3 años, el secretario de Estado ha dicho que el "clima de cooperación" es el que debe regir, así como el de "que las competencias las tienen las comunidades autónomas". No obstante, ha añadido que el Ministerio va a estar "en la solución" del problema y de las demandas que tiene el sector.
Finalmente, ha explicado que en el caso de los auxiliares de conversación las autonomías se han expresado en el sentido de que necesitan "seguridad jurídica" y ha defendido que el Ministerio de Educación y el de Trabajo han coincidido en la interpretación de que es una actividad de voluntariado y, por tanto, "en el refuerzo de la seguridad jurídica" y con garantía de continuidad del programa.
