Trashorras asegura que el expediente "aún no se ha instruido" y el Gobierno dice que él "no lo ha recogido" tras dos notificaciones
DOS HERMANAS (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, ha asegurado este miércoles que transcurridos seis meses desde el acto celebrado en marzo en la céntrica Plaza Nueva de Sevilla capital por el presidente de Vox, Santiago Abascal, con la asistencia de gran número de personas pese a las prevenciones frente a la pandemia; "aún no se ha instruido" el expediente sancionador anunciado en su contra por el Gobierno central, contra el que él ha formulado una denuncia, mientras el Ejecutivo ha indicado que tras ser notificada en dos ocasiones la incoación del procedimiento pero no ser "recogido" el documento, tal extremo ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) siguiendo el procedimiento administrativo común.
En un comunicado, Trashorras ha rememorado que el Gobierno central anunció meses atrás la incoación de un expediente sancionador en su contra como supuesto promotor del acto celebrado el pasado 17 de marzo en la céntrica Plaza Nueva de Sevilla capital por Santiago Abascal, indicando entonces el Gobierno que el acto fue "comunicado como una rueda de prensa" y no como una concentración.
Según figura en una respuesta parlamentaria fechada por el Gobierno el pasado 23 de abril y recogida por Europa Press, el Ejecutivo central indica que es la Subdelegación del Gobierno en Sevilla el departamento "competente" para sancionar, en su caso, detallando que con relación a dicho evento, "la Subdelegación ha abierto expediente sancionador contra el promotor de la concentración", en concreto el portavoz de Vox en Dos Hermanas y asesor de la formación en la Diputación, Adrián Trashorras; "porque no se comunicó como tal, sino como una rueda de prensa".
LOS INFORMES DE LA POLICÍA
"La apertura del expediente se ha acordado tras los informes emitidos por la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Sevilla y la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense, que coinciden en afirmar que el acto fue finalmente una concentración", sostiene el Ejecutivo, respecto a la situación suscitada ese día al asistir numerosas personas al mencionado acto de Santiago Abascal.
Según la Subdelegación, "la rueda de prensa comunicada por el promotor de la misma devino en una acumulación de más de 100 personas, lo que sin duda supone una concentración de la prevista en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, y, en consecuencia, se debió de comunicar conforme a dicha Ley, y no como una rueda de prensa".
"El acto no contaba con autorización alguna para su celebración, teniendo además que intervenir la Policía para crear un cordón y evitar que se incumplieran las medidas sanitarias impuestas ante la propagación de la pandemia", indicaba además la Subdelegación.
VOX SE QUERELLA
Vox, de su lado, anunciaba entonces que había formalizado una querella contra el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; su concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera; la entonces delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García; y Carlos Toscano como subdelegado, al apreciar un presunto delito contra los derechos fundamentales en concurso con un supuestos delitos de coacciones, abuso de poder y prevaricación, al considerar que el despliegue policial fue "desorbitado".
Según Vox, "al impedir la Policía, por orden de sus superiores políticos, el acceso a la Plaza Nueva, se impidió que no sólo los cargos de Vox, sino cualquier ciudadano, pudiera acudir y presenciar la rueda de prensa de Abascal".
Transcurridos seis meses desde aquel acto, Trashorras asegura que el Gobierno central le ha "incriminado en un supuesto expediente sancionador como hipotético promotor de un acto legítimo de Vox, algo que hoy, seis meses después, aún no se ha instruido". "La inexistente incoación de un expediente sancionador" en su contra y la trascendencia del asunto a los medios de comunicación, a su entender, tuvo el "único interés" de dañar su imagen haciendo un "uso partidista" de las instituciones.
EL EXPEDIENTE
"Esta campaña orquestada desde los órganos del Gobierno de la nación para desgastar mi proyección pública no quedará impune. Exigiré por todos los medios que nuestro Estado de Derecho permite, revertir el daño que han pretendido hacer en mi reputación", asevera, mientras fuentes de la Subdelegación del Gobierno han indicado a Europa Press que cuando la Policía intervino en aquel acto, fueron identificadas "dos personas" como promotoras del mismo, uno de ellos este representante público con acta de concejal en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, que según la Subdelegación habría aportado su identidad y su DNI.
Según la Subdelegación, la Administración notificó a ambos los expedientes sancionadores incoados en su contra por los motivos mencionados y, mientras en un caso el documento fue "recogido" y objeto de alegaciones, en el caso de Trashorras no habría sido recogido tras serle notificado "en dos ocasiones" en el domicilio que figura en su DNI, tras lo cual el acuerdo de iniciación del expediente habría sido publicado en el BOE según el procedimiento administrativo común, siempre según la Subdelegación.
