SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), gobernado por el andalucista Modesto González, ha valorado este miércoles la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estima uno de los aspectos del litigio contencioso de los vecinos de la barriada Guadalquivir afectados por la contaminación derivada de un vertido de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona, señalando que la resolución judicial "desestima once de las doce peticiones de los vecinos, como indemnizaciones económicas, daño antijurídico, realojamiento en nuevas viviendas o incorporar en el Centro de Salud un médico especialista en toxicología".
Ante dicha sentencia, que ordena exclusivamente al Ayuntamiento a que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento, el alcalde ha informado de que el Consistorio estudia un posible recurso de casación contra dicha orden.
"No obstante, es un asunto meramente formal que no debe preocuparnos, ni tampoco a los vecinos, pues lo que pueda suponer la declaración municipal de suelo contaminado ya está atajado por las actuaciones que tuvo que asumir la estación de servicio cuando decidió optar por la recuperación voluntaria de suelos contaminados prevista en la normativa de la propia Junta de Andalucía, administración que ha controlado y supervisado todas esas actuaciones, las cuales ya concluyeron hace bastantes meses", ha defendido el primer edil, considerando que ha quedado probada la "actividad permanente" del Consistorio "en la resolución del episodio", que los afectados consideran no acabado.
"Hemos mostrado una actitud de colaborar con los órganos de justicia para que esta problemática se resuelva, poniendo al servicio de la investigación todo lo que está en nuestra mano. Ya se averiguó de donde venía el problema, se localizó el foco y se ha trabajado en coordinación con las diferentes entidades, entre ellas la Junta de Andalucía, para darle la solución más rápida y eficaz al problema", señala el primer edil, pesando además una investigación penal por este asunto.
En una sentencia emitida el pasado 15 de noviembre y recogida por Europa Press, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA aborda un recurso del colectivo vecinal contra un total de siete resoluciones del Ayuntamiento de Coria del Río, la Consejería de Salud, la Consejería de Desarrollo Sostenible, el Distrito Sanitario Aljarafe o la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía emitidas por tales administraciones ante diferentes solicitudes y reclamaciones de estos vecinos, con resultado desfavorable a sus intereses.
LAS 12 PETICIONES
El recurso comprendía un total de 12 peticiones al tribunal, como que el mismo declarase "la existencia de una situación de grave riesgo para la salud pública en la Barriada Guadalquivir como consecuencia del problema de contaminantes", que declarase los suelos de la mencionada gasolinera "como suelos contaminados, condenando al Ayuntamiento de Coria a que inicie con carácter inmediato un nuevo procedimiento para la declaración de suelos contaminados", que se ordenase al Consistorio y a la Junta "la inmediata descontaminación de los terrenos" de la estación de servicio; el reconocimiento de un "daño antijurídico y efectivo a los vecinos, susceptible de cuantificación con reserva de los derechos de estos a instar su correspondiente indemnización", o que se ordenase a la Junta crear "un comité de expertos que se encargue de un estudio epidemiológico" y a asignar al colectivo un "médico especialista en toxicología".
Otras de las peticiones consistían en solicitar al TSJA que condenase al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía a promover un "programa de realojamiento", asignando a cada una de las familias de la barriada "una vivienda libre de exposición a contaminantes, en tanto que no sean descontaminados todos los terrenos afectados, y sustituidas ó reparadas todas las infraestructuras de la red de saneamiento afectadas"; así como condenar a ambas administraciones a emprender "la potestad disciplinaria sobre todos los empleados y cargos de cualquier naturaleza que hayan resultado responsables, directa o indirectamente, de la demora en la actuación administrativa" en lo relativo a este asunto.
VE PROBADA LA "EXISTENCIA DE CONTAMINANTES EN LOS TERRENOS"
Al respecto, el TSJA expone en su sentencia que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta "inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos indicados, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos".
El tribunal precisa no obstante que si el Ayuntamiento de Coria acordó archivar el expediente de declaración de los suelos de la gasolinera como contaminados no fue por "considerar que los suelos no estén contaminados", sino por "la incoación de un proyecto de recuperación voluntaria del suelo por parte de la administración autonómica a instancia de la propietaria del suelo".
Empero, el TSJA determina que "en modo alguno el procedimiento para la declaración de suelos como contaminados es incompatible con el proyecto para la recuperación voluntaria del suelo, sino que simplemente, este no requiere como presupuesto a aquel. Pero nada impide que ambas se tramiten de forma simultanea, especialmente, en cuanto que su competencia es local para uno y autonómica para otro".
Por eso, el tribunal anula la resolución emitida en abril de 2021 por el Ayuntamiento de Coria archivando el procedimiento de declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados, por no ser "conforme a derecho"; "mandando continuar el procedimiento para su resolución como proceda a la vista de las circunstancias concurrentes", según figura en la sentencia.
SIN ESPECIFICAR LOS "DAÑOS CIERTOS Y ACTUALES"
Empero, a partir de ahí, el tribunal no accede al resto de impugnaciones y peticiones del colectivo, rechazando el reconocimiento de un "daño antijurídico y efectivo a los vecinos, susceptible de cuantificación con reserva de los derechos de estos a instar su correspondiente indemnización", porque "en esta jurisdicción contencioso administrativa no caben fallos meramente declarativos como el que se pretende, sino que la pretensión ejercida debe ser concreta y referirse a unos daños ciertos y actuales".
En cuanto a las pretensiones relativas a las declaraciones de riesgo para la salud, inspección de infraestructuras, divulgación de información sanitaria, constitución de comité de expertos, asignación de facultativo especialista y de un plan de realojo de los vecinos, el TSJA especifica que "se articulan como un recurso frente a una posible inactividad administrativa", toda vez que "no existe ninguna disposición general que no precise actos de aplicación de la que se pueda concluir que los interesados tienen derecho a recibir algunas de las prestaciones concretas reclamadas" y "el recurso contencioso-administrativo no puede poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas, sino tan sólo garantizar el exacto cumplimiento de la legalidad".
Respecto a los aspectos disciplinarios reclamados por el colectivo, el TSJA zanja que no pesa en su petición un "interés legítimo actual y determinado que pueda derivar de la incoación yen su caso sanción a los empleados públicos intervinientes" en los trámites relacionados con este asunto, que además cuenta con una vertiente penal en los juzgados de Coria del Río.
