SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han reclamado este lunes que la Consejería de Justicia "replantee la intervención" acometida en el edificio A del complejo de Palmas Altas como nueva sede judicial, considerando que tal espacio "no reviste las condiciones mínimas" para la actividad de la administración de justicia.
En un comunicado, estas asociaciones señalan la reciente visita del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, al edificio A del complejo de Palmas Altas, comprado por la Junta a la multinacional Abengoa para instalar en el mismo la ciudad de la justicia de Sevilla.
El consejero de Justicia visitaba las instalaciones con motivo del inició en las mismas de las actividades del Juzgado de lo Mercantil número cuatro de Sevilla, órgano de nueva creación que estrenaba la sede de Palmas Altas.
Según Nieto, el conjunto del edificio A del complejo de Palmas Altas, de 7.297 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas con capacidad total para 21 órganos en los que trabajan alrededor de 250 personas entre funcionarios, jueces y Letrados de la Administración de Justicia; ya está completamente habilitado para que durante noviembre, según el calendario solicitado por los jueces y magistrados, se trasladen al mismo los otros tres juzgados de lo Mercantil de la capital y los 13 de lo Contencioso-administrativo.
El edificio A, según el consejero, cuenta con espacio para otros cuatro juzgados de Primera Instancia, cuya mudanza está prevista para 2024, una vez que esté adecuado el edificio B, en el que irán el resto de los 21 órganos de esta jurisdicción.
"VA A SUPONER UN RETROCESO"
Al respecto, las citadas asociaciones consideran que "el traslado a Palmas Altas no se producido buscando la mejora del servicio de Justicia", recordando que "hasta la fecha, se encontraban todas las sedes judiciales muy cercanas entre sí, en el eje Prado-San Bernardo, funcionando a plena satisfacción de los justiciables y profesionales", ante lo cual el traslado al nuevo centro de Palmas Altas "va a suponer un grave retroceso".
Ante el bus lanzadera habilitado entre el Prado de San Sebastián, sede de la Audiencia provincial y los juzgados de Instrucción, y las nuevas dependencias judiciales de Palmas Altas, con una frecuencia de paso de 15 minutos en horario de mañana y 20 minutos en horario de tarde; y el aviso de representantes sindicales de la ausencia de un plan completo de movilidad y la falta de aparcamientos; estos colectivos judiciales han mostrado su "preocupación ante las dificultades de acceso al lugar, no habiéndose ofrecido una solución satisfactoria a la cuestión del transporte a esa zona de expansión de la ciudad que aún no está desarrollada, lo que dificultará extraordinariamente el acceso de trabajadores y, sobre todo, de ciudadanos y, sin duda, acarreará retrasos en trámites, suspensiones de juicios y, en definitiva, inconvenientes para las personas destinatarias del servicio".
SIN LAS "CONDICIONES MÍNIMAS"
Además, las citadas asociaciones avisan de que "el edificio, en su integridad, no reviste las condiciones mínimas para el desempeño de la actividad judicial", pues como ejemplo, "los despachos asignados a los magistrados titulares de los órganos judiciales son pequeños cubículos tipo celda que no disponen de espacio para la instalación de elementos esenciales en la labor judicial, tales como un armario donde depositar la toga o estanterías para libros o expedientes, o para recibir a profesionales o jueces en prácticas".
Del mismo modo, alertan de que "las oficinas judiciales están concebidas como un espacio común, sin separación de los funcionarios de cada Juzgado, dificultan la relación entre el personal del Juzgado y los titulares de los órganos judiciales con unas mínimas condiciones de privacidad", extremos ya planteados a la Administración autonómica en otras ocasiones, según las asociaciones.
Por eso, reclaman "replantear la intervención realizada en el edificio de Palmas Altas, donde la Administración andaluza esgrime haber invertido más de 1,2 millones de euros exclusivamente en su adecuación.
