lunes 12/4/21

Archivada la causa de Emasesa respecto al diputado socialista y exdelegado provincial Losada

Vilaplana pide el "organigrama" de la Consejería de Medio Ambiente desde julio de 2010 hasta septiembre de 2020
Archivo - EDAR El Copero.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga posibles delitos contra el medio ambiente por vertidos "contaminantes" en tres estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (Emasesa), ha accedido a la petición de la Fiscalía y ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa respecto al diputado nacional del PSOE y exdelegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente José Losada, así como respecto al resto de investigados en el procedimiento asociados a la citada delegación.

En un auto emitido el pasado 25 de marzo, adelantado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, el juez José Ignacio Vilaplana aborda esta causa que gira en torno a los vertidos de residuos contaminantes derivados de las estaciones depuradoras de aguas residuales de El Copero, Tablada y San Jerónimo, pertenecientes a Emasesa.

"Partiendo de los límites y exigencias derivados de la debida observancia de la normativa, el Seprona informa de vertidos de alta potencialidad contaminante, en particular de fósforo y nitrógeno, en las EDAR de El Copero, Tablada y San Jerónimo; siendo así que el exceso de fósforo y nitrógeno produce eutrofización de las aguas e implica un alto consumo del oxígeno disuelto en ellas, impidiendo la vida de los seres vivos", exponía el Juzgado de Instrucción número seis en un auto sobre el asunto, agregando que estos vertidos generan "mal olor, disminuyen la calidad y potabilidad del agua y modifican el ecosistema de los seres vivos acuáticos y de organismos aerobios, pudiendo causar su muerte y eventualmente pudiendo perjudicar la salud humana".

EL PAPEL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Al respecto, la Fiscalía recordaba en un reciente escrito elevado al Juzgado que "desde 2010 existía una obligación por parte de la Junta de Andalucía de construir las (nuevas) EDAR respecto de las que se venía cobrando un canon para obras y se habían recibido fondos Feder", además de que "Emasesa, al menos desde 2013, venía instando la ejecución de las obras".

A tal efecto, recordaba la Fiscalía que el convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Emasesa "para la ejecución de las obras" de renovación y mejora de las EDAR sevillanas "no ha sido firmado hasta septiembre de 2020, es decir diez años después de su declaración como de interés autonómico", por lo que "disponiendo de fondos recibidos y recaudados para ese fin, siendo de su competencia y teniendo capacidad económica para afrontarlo, en caso de que se haya puesto en grave peligro la calidad de las aguas, cosa por determinar aún, existe presuntamente responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente".

"DEJACIÓN DE FUNCIONES"

En ese contexto, y con relación a los altos cargos y funcionarios de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente investigados en la causa, --José Losada y Dolores Bravo como ex delegados provinciales o territoriales, así como el secretario de dicho departamento provincial de la Junta de Andalucía y dos jefes de la sección de Informes y Sanciones de tal departamento--, la Fiscalía veía "dejación de funciones" porque "no hay expedientes sancionadores abiertos frente a los reiterados incumplimientos por parte de Emasesa", pero "en cuanto a las medidas cautelares a ejercer, difícilmente podía acordarse ninguna que permitiera el cese de los vertidos contaminantes por cuanto no podía paralizarse el curso de las aguas residuales urbanas".

Además, la Fiscalía veía "discutible que pueda hablarse de prevaricación omisiva en la no incoación de expedientes sancionadores" por parte de los citados investigados, porque "la capacidad de reversión" de la situación "estaba esencialmente en la propia Consejería de Medio Ambiente", por lo que reclamaba sobreseer las actuaciones respecto a las personas ya citadas, solicitando además "que se recabe quiénes han ejercido entre 2010 y 2019 el cargo de consejero de Medio Ambiente", pues "la actual consejera", la popular Carmen Crespo, "ocupó el cargo en 2019 y en 2020 ha firmado el convenio para las obras" de las EDAR de Emasesa y por eso "no existen contra ella indicios de responsabilidad penal".

"POSIBILIDADES MUY LIMITADAS"

Tras ello, el juez José Ignacio Vilaplana ha emitido este nuevo auto, en el que coincide en que "las posibilidades de actuación de los responsables de la Delegación Provincial habrían de resultar muy limitadas, pues la adopción de medidas preventivas o sancionadoras por su parte difícilmente podrían permitir alcanzar la finalidad pretendida de evitar o revertir la situación ilícita concurrente, dado que la solución eficaz a los vertidos habría de pasar por unas obras de adaptación en las EDAR; actuaciones que serían responsabilidad directa y exclusiva de los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente y de Emasesa, resultando contrario a toda lógica que la Administración sancione por una infracción, a consecuencia de un ilícito administrativo, cuando es la misma Administración la que, en última instancia tenía el dominio y la disposición de evitar el propio hecho antijurídico constatado".

Por eso, el juez ordena el sobreseimiento de las actuaciones respecto a los encartados, así como respecto a Drace Infraestructuras como contratista del mantenimiento de la EDAR de El Copero; Francisco Javier P.L. como jefe de dicha planta; las empresas de la UTE gestora de la EDAR de Tablada; el director de la misma, Rafael María L.S.; las empresas de la UTE encargada de la EDAR de San Jerónimo y Manuel F.H. como jefe de la citada instalación, pues "aún cuando ejercían de forma directa la gestión de las depuradoras, no estaban facultados para implantar medidas de mejora en la depuración, como serían los procesos químicos de rebaja del fósforo, sin la previa autorización de Emasesa.

Finalmente, el juez ordena librar oficio a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que informe de su "organigrama desde julio de 2010 hasta septiembre de 2020, con indicación de los cargos directivos de Consejería, Viceconsejería, direcciones generales, Secretaría General y Secretaría General Técnica", con la "identificación de las personas que han sido titulares de cada uno de dichos cargos".

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