DOS HERMANAS (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)
Ante la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena por un delito de encubrimiento a uno de los tres investigados que restaban en la investigación del "chantaje" al que fuera candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas en 2015, Manuel Varela, IU ha reclamado "explicaciones públicas ante las dudas sobre la implicación de actuales miembros del Gobierno local" y ha alertado de que la resolución judicial prueba la "urgente necesidad de renovación" del Ejecutivo local.
Tras la resolución de la causa mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, con el cual resulta condenado el periodista José Luis Olivares y se retiran los cargos contra el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer y Francisco Javier Romero, IU, que forma parte de Adelante, la principal fuerza de oposición al PSOE en el Ayuntamiento nazareno, considera que ha quedado constatado que "las elecciones municipales de 2015 fueron adulteradas mediante el chantaje a uno de los candidatos", ante lo cual la federación de izquierdas se solidariza con Manuel Varela y Cs.
La sentencia, según IU, obliga a reiterar la petición de "depuración de responsabilidades dentro del PSOE de Dos Hermanas y del Gobierno local" del socialista Francisco Toscano, quien gobierna ininterrumpidamente la ciudad desde 1983. En paralelo, IU reclama "explicaciones públicas, ante las dudas que la sentencia deja caer sobre las implicaciones de actuales miembros del Gobierno local", para esclarecer "si existe algún cargo público con responsabilidad en el asunto".
"RENOVACIÓN URGENTE"
De cualquier modo, para IU ha quedado claro que la sentencia prueba "la necesidad urgente de una renovación en el Gobierno local de Dos Hermanas", liderado desde 1983 por Francisco Toscano, "como gesto de sanidad democrática y transparencia". En ese sentido, fuentes de IU han indicado a Europa Press que la formación ha establecido contactos con el PP y Cs para estudiar cómo elevar el asunto al pleno.
Todo gira en torno al presunto "chantaje" al que habría sido sometido Manuel Varela el día previo a las elecciones municipales de 2015, para forzar su renuncia como candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes comprometedoras de su vida privada.
Tras la denuncia de Varela por dicha situación, y tras varios años de instrucción, el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas decidía tiempo atrás continuar las diligencias por el procedimiento del tribunal del jurado contra el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer, el periodista local José Luis Olivares, entonces responsable del periódico El Nazareno; y Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las presuntas coacciones.
ACUERDO DE CONFORMIDAD
Finalmente, y como refleja la mencionada sentencia de la Audiencia de Sevilla, recogida por Europa Press, el asunto ha sido resuelto mediante una conformidad entre las partes, que evita la celebración del juicio.
Mediante dicho acuerdo, se retira la acusación respecto a Alcócer y Francisco Javier Romero, aceptando José Luis Olivares una condena por un delito de encubrimiento, con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, por el que se le impone una pena de dos meses de cárcel sustituible por una multa de 480 euros y una indemnización de 80.000 euros en favor de Varela "por los daños morales ocasionados".
Según el relato de los hechos probados recogido en la sentencia, el citado periodista habría mostrado a Varela el vídeo con imágenes comprometedoras de este último que podía ser difundido, exponiéndole que recibiría una llamada telefónica. Tras ello, según el relato de los hechos, el periodista habría trasladado a Varela, a través del teléfono móvil, "hasta tres conversaciones que, tras escucharlas, borraba a continuación sin dar la oportunidad a Varela de identificar a los autores de tales llamadas".
"En estas conversaciones se conminaba a Manuel Varela para que retirase su candidatura antes de las 9 de la mañana del día siguiente o se procedería a la difusión masiva del video", indica el relato de los hechos probados, considerando que el periodista "obstaculizó gravemente la identificación de los autores materiales de estos hechos al borrar de su terminal todos los mensajes recibidos, sin que dicho terminal pudiera nunca llegar a localizarse".
