SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles el primer protocolo específico en España para prevenir y actuar ante agresiones externas que pueda recibir el personal funcionario de la Administración de Justicia en el ejercicio de su trabajo.
Según la Junta, Andalucía se convierte de este modo en la primera comunidad autónoma que va a contar con esta herramienta, que persigue evitar y tomar medidas ante situaciones conflictivas, como ya se hace en otros servicios públicos.
El documento, diseñado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, pretende cubrir y adelantarse a los conflictos en los que pueden verse inmerso el personal funcionario de Justicia en las relaciones establecidas con la ciudadanía que acude a los diferentes órganos judiciales, y prevé una serie de actuaciones a seguir en materia de prevención, resolución y seguimiento de estas situaciones de violencia.
Así, frente a situaciones de elevado riesgo, la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal creó este Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia externa en el trabajo, el cual fue objeto de acuerdo en la mesa sectorial celebrada el pasado 27 de octubre, tras el proceso previo de consulta y participación del Comité Sectorial de Seguridad y Salud.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
En primer lugar, se establece la obligación de realizar una evaluación de los riesgos por violencia externa en todos los puestos de trabajo, para la adopción de las medidas que procedan en función de los resultados de los riesgos detectados y según el tipo de actividad desarrollada en cada modelo de puesto de trabajo.
Sin perjuicio de las medidas concretas que puedan adoptarse en función de los riesgos evaluados, el protocolo contempla también medidas de carácter general para prevenir la violencia externa, como evitar aislamiento, físico y horario; disponer mobiliario adecuado al nivel de riesgo; zonas de espera apropiadas y confortables para el público; asegurar una adecuada gestión de colas y de esperas; monitorizar las entradas, salidas y zonas de mayor riesgo; disponer una información clara a los usuarios sobre derechos, obligaciones, horarios, consecuencias de los actos agresivos, y desarrollar un plan de formación específico para el personal sobre el manejo de situaciones conflictivas, entre otras medidas.
Por otra parte, el protocolo comprende una serie de pautas o actuaciones generales a seguir por el personal funcionario, ante una agresión ya sea verbal, gestual o física directa, tanto durante el momento en el que se produce como una vez haya tenido lugar la misma. Para ello, incluye una guía básica de orientación jurídica para informar sobre las posibles acciones legales y la asistencia jurídica que sea necesario realizar, cuando sean objeto de infracciones en los centros de trabajo o fuera de ellos en el ejercicio de sus funciones, todo ello en los términos regulados en el Reglamento de organización y funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.
Por último, el protocolo establece la necesidad de crear un Registro de agresiones en los centros de trabajo de la Administración de Justicia, como una herramienta que, por un lado, permita recoger todos los datos específicos de cada incidente violento y, por otro, mediante el análisis de los datos, permita elaborar un Mapa de riesgo sobre agresiones en estos espacios.
