lunes. 20.05.2024

Gabriel Amar, presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar

TELEPRENSA.-  Las 126 viviendas de la urbanización Balcones del Golf  o las 265 del Mirador de Playa Serena donde sólo podía construirse un hotel, son el botón de muestra de un modus operandi que al Ayuntamiento de Roquetas se le ha dado bien. Edificaciones realizadas en unas condiciones distintas a las exigidas en el planeamiento inicial de la zona y cuyo resultado final no tiene nada que ver con el dibujo que en su día sirvió para acceder a un plan general de ordenación urbana que ha llevado al municipio gobernado por el presidente de PP de Almería, Gabriel Amat, a ser el punto de Andalucía con más vivienda desocupada de todo el territorio. Así, el informe Tinsa de Radiografía del Stock de la vivienda 2015, aún sitúa a la peculiar población del poniente almeriense con más de un 50% de las viviendas  de nueva construcción sencillamente vacías, mientras que en paralelo se siguen dando por concluidos procesos de revisión de licencia que en reiteradas ocasiones han sido sentenciadas como ilegales.

Si ahora los juzgados andan atendiendo recursos y apelaciones sobre la licencia de un edificio  que sólo debía albergar 14 casas y que de la noche a la mañana pasó a 126 apartamentos de uso turístico pero que se ofrecen en internet como viviendas para su compra por privados, aún está caliente el golpe de Carinaga S.L., otra de las empresas vinculadas con los Amat, y que construyó 265 viviendas también declaradas ilegales y objeto de otro interminable proceso judicial.

Un modelo fijo

La forma de operar siempre ha sido la misma. Una empresa pide licencia para construir según lo permite el plan general, en el caso de las 165 de Balcones del Golf lo hace Explotaciones Agrícolas Fincas Guillén, propiedad del conocido empresario agrícola Cecilio Guillén y cuyo hombre de confianza es o fue socio de Amat en la compañía Urbaentinas SL. Acto seguido se pide una modificación sujeta a una particular interpretación de la norma que el ayuntamiento gobernado por el presidente del Partido Popular acepta de buen grado.

Hecha la modificación la licencia en sí ya tiene un valor añadido totalmente distinto, ya que de poder construir 14 casas pasa a 165 apartamentos de unos 70 metros cuadrados cada uno. Llegados a este punto es el momento de pasarle el negocio a un tercero, en esta ocasión Aifos, que no es precisamente conocida por la transparencia de sus operaciones inmobiliarias. De hecho  ha sido ampliamente vinculada con casos de corrupción urbanística, hasta el punto de que actualmente se encuentra en liquidación y con una deuda de casi 200 millones de euros en impuestos al Estado.

La obra comienza, construyen y empiezan a vender. Al gestionar las correspondientes autorizaciones para su ocupación, momento en el que interviene la Junta de Andalucía ésta evalúa la licencia concedida sobre el planeamiento original, encuentra las diferencias y comienza la batalla administrativo judicial.

La obra sigue su curso porque nunca se consiguen medidas cautelares, salvo en casos como Algarrobico de Carboneras, y así se llega a la ocupación de las viviendas, parte importante del proceso porque ¿qué juez echaría de sus casas a compradores de buena fe?

La batalla judicial puede alargarse durante años, pero al final termina por entenderse realizado el proceso de revisión de licencia o se interpreta como inejecutable una sentencia que contemple el derribo o desalojo de terceros que nada han tenido que ver con el trámite ubanístico. Algo así ya sucedió en el Centro Comercial Gran Plaza, también de Roquetas de Mar, donde el mismo juez que lo declaró ilegal entendió su propia sentencia como inejecutable por el perjuicio que causaría a quienes ya trabajan en las instalaciones, entre otros motivos.

Ocurrió con los supuestos apartamentos turísticos de Balcones del Golf y con la promoción de 265 viviendas realizada por Carinaga SL., otra de las empresas vinculada con la familia de Gabriel Amat y que al igual que en el caso anterior los juzgados entendieron como ilegales las licencias dadas por el Ayuntamiento, y una vez más los fallos judicial no tuvieron repercusión alguna en los edificios o demandas presentadas por los afectados, salvo el largo proceso administrativo hasta su legalización si la justicia no lo impide.

 

 

 

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