Litigio por la venta de Codeur
VERA.- La sociedad mercantil Key Mare, a través de su filial Key Lanzarote S.L., ha presentado una demanda de impugnación del acuerdo adoptado en el Consejo de Administración celebrado el seis de marzo por la mayoría de los miembros de dicho Consejo, en concreto por los nombrados por el socio público Ayuntamiento de Vera. La empresa denuncia varias irregularidades cometidas por dichos consejeros en el proceso de venta de acciones a terceros por parte de Key Lanzarote. La demanda ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería y la audiencia previa al juicio se ha fijado para el próximo tres de diciembre.
Esta demanda ha sido interpuesta ante el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Vera de las condiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos de la sociedad y en la propia Ley de Contratación Pública, que regulan tanto el procedimiento de venta de acciones a terceros como las adjudicaciones de servicios. Como se recordará, Key Lanzarote, filial de Key Mare, y otros dos socios privados minoritarios recibieron una oferta a principios de 2011 de la sociedad mercantil Professional Water Management S.L. para adquirir su parte en la sociedad Codeur – 49%- por valor de 7,5 millones de euros. Key Lanzarote inició el procedimiento regulado en los Estatutos de la sociedad informando a su socio, el Ayuntamiento de Vera, de dicha oferta, con objeto de que éste pudiera, dentro de dicho procedimiento, optar a la compra preferente, siempre igualando la oferta existente, tal y como exigen los referidos Estatutos sociales.
El Ayuntamiento de Vera manifestó su voluntad de ejercitar su derecho de adquisición preferente pero de manera irregular, incumpliendo la normativa establecida al efecto, fuera de los plazos legales e imponiendo un procedimiento contrario a la ley, con el que pretende adquirir el paquete accionarial por un precio diferente al ofertado por el inversor y a determinar por un perito nombrado únicamente por el propio Ayuntamiento, incumpliendo así la Ley de contratación pública, que requiere cursar la solicitud de tres ofertas alternativas.
Mediante esta demanda de impugnación, Keymare denuncia que el acuerdo adoptado para la tasación de las acciones impuesto por los consejeros que representan al Ayuntamiento de Vera – que ostenta el 51%- es nulo amparándose en que es contrario a los Estatutos y a la Ley de Sociedades de Capital que exigen para estos casos que el derecho de adquisición preferente respete el precio y condiciones de la oferta presentada.
“No podemos permitir actuaciones fuera de la legalidad y en contra de los intereses del sector empresarial, en el que estamos luchando por mantener la viabilidad de nuestras empresas” ha declarado Pedro Rius, Director General de Key Mare, “máxime si se refiere a actuaciones cometidas por un organismo público”, ha añadido. El Ayuntamiento de Vera está incumpliendo de manera reiterada la normativa en todo el proceso, no respetando el valor de la oferta e imponiendo otro procedimiento, fuera de la legalidad.
Key Lanzarote denuncia el bloqueo ejercido por los socios que representan al Ayuntamiento de Vera para la transmisión de acciones, las irregularidades administrativas y el incumplimiento de los plazos legales, lo que está perjudicando gravemente no sólo los intereses del socio privado sino de la sociedad mixta Codeur. Y es que a pesar de que el Ayuntamiento ha reconocido que el plazo legal para pagar las acciones era de tres meses, ha transcurrido con exceso ese plazo. El grave perjuicio económico causado a los socios privados ha motivado que el día 18 de abril se interpusiera ante el mismo Juzgado una Demanda de Responsabilidad Civil individual por daños y perjuicios – admitida a trámite el 9 de mayo – contra José Carmelo Jorge Blanco, alcalde y presidente de Codeur, S.A., el segundo teniente de alcalde y consejero de Codeur, Juan de la Cruz Belmonte, y el actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vera y consejero de Codeur, Mariano Estrecha.
La filial del grupo Key Mare considera además contradictorio y negligente que aunque el Ayuntamiento de Vera adoptó la decisión de comprar el paquete accionarial privado de Codeur a finales del año pasado, no haya incluido partida presupuestaria alguna para realizar nuevas inversiones durante el año 2012, sin disponer además de capacidad de endeudamiento según se recoge en un informe del interventor municipal, por lo que para Pedro Rius “resulta cuanto menos inexplicable que un organismo público como el Ayuntamiento de Vera siga manteniendo esta actitud que, además, puede tener consecuencias económicas negativas”.
Keymare seguirá adoptando cuantas medidas legales sean necesarias para defender los derechos de la empresa y los de todos los empleados que en ella trabajan.
