José Miguel Hernández
LA MOJONERA.- El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha respondido a las críticas de José Cara sobre el caso del parque Infanta Cristina de la localidad. Tras dejar claro que respeta la sentencia de la Audiencia Provincial, Hernández se ha mostrado “sorprendido” por las declaraciones de Cara, culpándole de la denuncia y de todo el procedimiento.
El alcalde ha relatado que la primera noticia que tuvo de lo ocurrido con la tramitación del citado parque fue una carta recibida en diciembre de 2016 por la Junta de Andalucía en la que se le pedía la devolución de una subvención de 45.000 euros para su construcción, ante irregularidades detectadas. Fue entonces cuando Hernández analizó el expediente de la anterior Corporación, y comprobó que el mismo tenía siete informes en contra el secretario y el interventor advirtiendo que el Ayuntamiento no tenía la titularidad de los terrenos sobre los que se hizo el parque. Pese a todo, y en contra de las acusaciones vertidas este sábado por José Cara, el actual primer edil de La Mojonera alegó la reclamación de la Junta, y tras denegar ésta la alegación, llegó a analizar incluso la posibilidad de recurrir a la vía contenciosa para evitar la devolución de la dinero, opción que se descartó ante un informe de Secretaría desaconsejando esa posibilidad “porque el secretario dejó claro que lo íbamos a perder”.
A día de hoy, Hernández insiste en que el Ayuntamiento sigue sin tener la propiedad de los terrenos sobre los que Cara hizo un parque público. “El Ayuntamiento no tienen ningún documento de cesión de esos terrenos y en el registro de la propiedad de esos terrenos aparecen propietarios privados, por muchas vueltas que le quiera dar el señor Cara y a pesar de la sentencia”, declara el alcalde.
Hernández también ha puntualizado que su único papel en el caso fue poner en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido para que comprobara si los hechos eran constitutivos de delito: “era mi obligación como regidor”. “Fue a partir de ahí cuando la Fiscalía aprecia indicios de presuntos delitos y traslada el caso al juzgado, que tras tomar declaraciones a los implicados abre un juicio penal, es decir, sospechas de que las cosas no se habían hecho correctamente no las tiene solo el secretario, el interventor o yo mismo, también el fiscal y el juez”, aclara José Miguel Hernández.
Tanto es así, que en el pleno en el que se trató la cuestión, en el año 2012, según consta en el acta de entonces, el portavoz del PSOE, Francisco Navarro, que posteriormente se convertiría en socio político de José Cara, rechazó apoyar el proyecto advirtiendo de su posible ilegalidad y asegurando que no lo apoyaría hasta que los terrenos fueran de titularidad municipal. En esa misma sesión, el acta recoge que José Cara aseguró que la obra no se iba a realizar hasta subsanar todos los problemas “cosa que finalmente no hizo”, puntualiza José Miguel Hernández.
El alcalde de La Mojonera ha rechazado las acusaciones de utilización política del caso y de persecución contra José Cara por este asunto, afirmando que “ni siquiera el Ayuntamiento se personó en el caso, a pesar del perjuicio que esto ha ocasionado a los vecinos por la devolución de una subvención”, y se ha mostrado convencido de que de haberse personado el Ayuntamiento con un abogado ejerciendo la acusación “posiblemente la sentencia hubiera sido otra”.
En cuanto a la consecución de los terrenos que ahora reclama José Cara, José Miguel Hernández ha rechazado esa posibilidad a menos que los propietarios los cedan y ha recordado que entre 2007 y 2015 esa misma gestión la pudo haber hecho el propio Cara “máxime cuando entre los propietarios de esos terrenos estaba una de las concejalas de su equipo de Gobierno”.
Por último, Hernández también ha desvelado que el perjuicio para los vecinos no ha sido solo la devolución de la subvención reclamada por la Junta de Andalucía, ya que “esos terrenos no pagaron IBI mientras José Cara fue alcalde de La Mojonera”. Fue, precisamente, a raíz de la carta de la Junta reclamando la subvención, cuando tras comprobar el expediente, se descubrió que nunca se emitieron recibos del IBI para unos terrenos que deberían haber pagado 6.500 euros anuales, con la consiguiente pérdida económica para las arcas municipales, según asegura el primer edil.
