viernes. 24.05.2024

TELEPRENSA.- El Partido Popular de Andalucía vuelve a sufrir un duro varapalo a costa de su organización territorial en Almería, al darse a conocer el informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que pone patas arriba el sistema de adjudicación de obras con contratos menores en la Diputación Provincial de Almería, presidida a su vez por el máximo dirigente del partido en la provincia, Javier Aureliano García.

Según los agentes, de las conversaciones telefónicas intervenidas al vicepresidente de la diputación detenido en la operación del 'caso mascarillas', Oscar Liria, o de los mensajes por whatsapp de su hermano Francisco Liria, se advierte la existencia de una trama que para muchos era un secreto a voces. Entre los beneficiarios, el alcalde de Fines, que recibía adjudicaciones por medio de una sociedad: “la empresa es de Rodrigo -Alcalde de Fines-, pero tiene a un encargado que hace las veces de gerente de la empresa... cuando la empresa entrega los pagarés, van firmados por el hijo del Alcalde de Fines".

Todo el entramado gira en torno a un reparto ilícito de las obras, mucho antes de que diesen el gran golpe con las mascarillas en la COVID. En algunos de esos procedimientos administrativos debían presentarse con precios “altos” para no ganar, y dejar el camino libre a otros contratistas. Otras obras las sabían suyas, se sabían ganadores, y su éxito fue tal que hasta generaba confusiones entre los implicados, que llegaron a tener tal desbarajuste sobre aquellas obras a las que debían concurrir y a las que no, que terminaban recibiendo correos o llamadas de personal de la administración pública para preguntarles si presentaban o no documentación: “lo que se evidencia de las mismas es que, desde la propia Diputación de Almería, se solicita a la mercantil Pulconal que no se presente a un determinado contrato público al que va a ser invitado o que presente una oferta no competitiva, con el aparente ánimo de orientar el procedimiento hacia una tercera empresa”, recoge el informe del que se han hecho eco medios de comunicación nacionales.

Para terminar de enmarañar aún más la situación, entre las llamadas intervenidas y declaraciones figuran las de un empresario menor, contratado por la empresa OYC Servicios Urbanos, que se afirma en el informe policial es del alcalde de Fines, cuyos pagarés los firmaba su hijo, en la localidad de la que era concejal el vicepresidente detenido por las mordidas de un millón de euros sólo en mascarillas, y que a modo de cortafuegos exhibe tan orgullosa como amenazante el nombre de su espacio escénico, Javier Aureliano García, nada menos que presidente del PP de Almería. El alcalde de la localidad Rodríguez Sánchez, que también fue detenido junto a su hijo, del mismo nombre, y está imputado en la causa, sigue siendo alcalde de la localidad y no tuvo ningún problema para que la ejecutiva provincial popular validase su candidatura en las pasadas elecciones municipales.

La Guardia Civil trata de poner orden en las obras adjudicadas entre 2019 y 2020, tomando como principales referencias las sociedades Pulconal y OYC Servicios Urbanos, la primera del hermano del vicepresidente de la Diputación detenido y la segunda del alcalde de Fines, según la investigación.

En la operación del caso mascarillas todos ellos fueron detenidos junto a Kilian López Solé, personaje por medio del cual la Policía Judicial llega a tener conocimiento de toda la trama al estar éste relacionado con personas que estaban bajo vigilancia policial en una importante operación de blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas de mayor calado que el fraude en la contratación pública.

En el momento de la operación la Guardia Civil intervino enormes sumas de dinero, y en concreto al vicepresidente de la Diputación de Almería sobres con diversos importes, que aún no se tiene la certeza de si estaban preparados para ser repartidos o correspondían a entregas hacia él y sus colaboradores.

En el informe que ha motivado nuevos requerimientos de información desde el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almería a la Diputación, lo que ha llevado a una nueva intervención policial en instalaciones de la institución provincial, aparece una relación de obras que se extienden por un amplio espectro de pequeños pueblos de la provincia y que en ningún caso sobrepasaron los 45.000 euros.

Se desconoce cuántas obras, cuántos intermediarios o desde cuándo, pero,  por el momento, las actuaciones empiezan a retrotraerse a 2019, y nada impide que continúen hasta la entrada en escena de cada uno de los socios de las distintas empresas implicadas, sin olvidar que hay casi una veintena de investigados entre políticos, familiares, empresarios y demás allegados.

La Guardia Civil pone patas arriba la contratación en Diputación de Almería más allá...
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