En una decisión del Juzgado de lo Penal número 4 de Almería, Pedro María Llamas García, exalcalde de la localidad de Cantoria por el Partido Popular, ha sido condenado por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia, dictada por la Magistrada Marta Inés Sierra López, establece una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de 7 años.
Los hechos que se declaran probados indican que Pedro María Llamas García, en su entonces rol como Alcalde de Cantoria, inició un expediente en diciembre de 2012 para contratar el servicio de Rehabilitación del Palacio de Almanzora, a pesar de informes desfavorables del secretario-interventor del Ayuntamiento sobre la viabilidad económica del proyecto. Ignorando las recomendaciones, el exalcalde aprobó el gasto para la contratación del servicio, adjudicando el contrato a la empresa Estudio de Ingeniería Fomintax. Aunque más tarde el contrato se resolvió, el acusado accedió al pago de una factura emitida por la empresa por trabajos supuestamente realizados, a pesar de más informes desfavorables.
Fundamentos Jurídicos
La sentencia se basa en el artículo 404 del Código Penal, que tipifica la prevaricación administrativa como un delito. Se argumenta que el acusado actuó con pleno conocimiento de la arbitrariedad y la ilegalidad de su proceder, desoyendo las advertencias y los informes desfavorables del secretario-interventor del Ayuntamiento de Cantoria. Al actuar de esta manera, el exalcalde incurrió en un delito de prevaricación administrativa. En conformidad con la acusación del Ministerio Fiscal, la pena de 7 años de inhabilitación especial fue aplicada.
Además de la pena de inhabilitación, el exalcalde está condenado a pagar las costas judiciales del proceso. La sentencia es firme, y ambas partes han manifestado su deseo de no recurrir.
Este fallo judicial pone de manifiesto las implicaciones legales y éticas que los servidores públicos enfrentan en el ejercicio de sus funciones. Reitera la necesidad de transparencia y de rigurosidad en la gestión de los recursos públicos, y establece un precedente legal importante en casos similares de prevaricación administrativa.
