Un momento del pleno
EL EJIDO.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, se ha sometido al Pleno que, con carácter extraordinario, se ha desarrollado en el Ayuntamiento ejidense para dar, como bien ha argumentado, todos los detalles y explicaciones en torno al proceso judicial al que está sometido por una cuestión personal que nada tiene que ver con su gestión, tal y como le han pedido los grupos de la oposición.
En su defensa, Góngora ha querido dejar patente, en primer lugar, que “su intención ha sido siempre la de aclarar, esclarecer y colaborar con la Justicia” y, en segundo termino, aportar “todas las explicaciones habidas y por haber, porque tengo absolutamente claro que no he hecho nada irregular y no tengo ningún motivo para dimitir”. De hecho, ha expuesto que “lo único que he hecho al frente de esta institución, antes y ahora, ha sido trabajar con honradez y velar siempre por el bien común”.
Tanto es así que ha apuntado, de forma tajante, que “no ha cometido ningún delito fiscal” y que así lo determinan los numerosos expertos a los que ha consultado, entre ellos registradores de la propiedad, catedráticos de derecho civil y el catedrático financiero de la Universidad de Almería, cuyos “informes dejan claro que no existe ese delito fiscal, porque cuando se trasmite la propiedad el régimen de tributación no es el del 2007”.
A este respecto, el regidor ha basado su defensa en cuatro elementos que ha calificado de “claves” para determinar el acto de disposición de estos terrenos por parte de la empresa compradora, los cuales demuestran que “la operación de compraventa se consumó en 2004 y, por tanto, antes del 31 de diciembre de 2006, que es la fecha el la que se procede a la modificación y al cambiodel régimen de tributación pasando éste del 15 al 30%”.
El primero de ellos “es el contrato privado existente, el cual contempla en una de sus cláusulas que la compradora (MURGI) podrá, en el momento de elevar éste a público, escriturar a nombre de un tercero. Ello deja claro, según la propia jurisprudencia existente en el Tribunal Supremo, que se trata ya de un acto de disposición de la parcela y, por tanto, se entiende por consumada la compraventa”.
El segundo de los elementos es que “la propia Murgi ejecutó obras de acordonamiento y limpieza en dicha parcela. El proyecto de delimitación del sector que realizan, como propietarios, es el tercero de los elementos, ya que éste fue admitido por el propio Ayuntamiento (gobernado por el PAL y denunciante) a trámite de aprobación y exposición pública a través del BOP e incluso mediante la comunicación al titular Catrastral del inicio del tramitación sin que haya ningún acto de oposición”, siendo el cuarto razonamiento “la tramitación del Plan Parcial con esa propiedad a nombre de Murgi”.
A lo largo de su intervención, el alcalde ha insistido que “no estamos ante un caso de corrupción, ya que es una cuestión civil en la que se deberá de valorar algo tan sencillo como cuando nace el derecho imponible de la compraventa”. Y ahí, “están todas las pruebas e informes determinantes para ello”. En este sentido, ha vuelto a incidir en que “en este proceso no se ha entrado en el fondo” y por ello espera que “sea ahora cuando se haga”.
De otra parte, es importante destacar, como lo ha hecho, que “esta sociedad tiene un administrador único y que, por tanto, no existe la figura del Consejo de Administración”. De hecho, según el regidor, ello hace que “la propia Agencia Tributaria me excluya de la culpa de todo en dos de sus informes”.
Por último, Góngora ha vuelto a referirse al auto del Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido, con fecha del 28 de julio de 2014, ya que éste ya dirimió la causa y determinó, de forma clara, que “no ha existido delito de tráfico de influencias”, por lo que se procedió a su sobreseimiento y archivo. De esta forma se refleja, que “la denuncia del PAL fue falsa en este sentido”.
Durante el desarrollo de la sesión plenaria, el alcalde ejidense se ha mostrado muy tranquilo a la hora de aportar todas las aclaraciones exigidas por la oposición a la vez que ha reiterado “su respeto a la Justicia” asegurando que “ésta debe ser garante del Estado de Derecho” en el que, sin duda, ha dicho confiar.
