EL EJIDO.- La Delegación territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería ha puesto en marcha un nuevo Punto de Encuentro Familiar (PEF) en El Ejido que viene a sumarse al que ya funcionaba en la capital. El objetivo es que las familias usuarias de este servicio que residen en la zona del Poniente no tengan que desplazarse hasta Almería “acercándolo a los ciudadanos y facilitando el acceso al mismo”, especialmente en aquellos casos de violencia de género donde existen órdenes de alejamiento.
Así lo ha explicado la secretaria general para la Justicia, María José Torres, durante una visita a las nuevas instalaciones, acompañada por el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, y el delegado territorial de Justicia en Almería, José Luis Delgado, en la que ha podido comprobar “que se trata de un espacio acogedor y amable, que cumple su función y en el que los menores y las familias puedan sentirse bien atendidos”.
Torres ha puesto también en valor el hecho de que este PEF “facilita especialmente la entrega y recogida de menores en caso de violencia de género”, ya que incluso el local cuenta con una entrada y sala independiente para las víctimas que tienen orden de protección o de alejamiento de su agresor.
El contrato del nuevo PEF se ha otorgado a la entidad VICFAM Sociedad Coorporativa Andaluza de Interés Social por un importe de 568.348 euros, que se financian con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y tiene una duración de dos años, prorrogable otros dos. El servicio ya está en funcionamiento y atendiendo a las familias que son derivadas por los juzgados cuando en un proceso de separación o divorcio existen situaciones de alta conflictividad que impiden una relación normal o fluida y afecta a las visitas y estancias de los menores.
Todas las capitales de provincia andaluzas -además de Algeciras, Jerez y Marbella- cuentan con Puntos de Encuentro, constituidos como un espacio idóneo y neutral para garantizar el derecho esencial de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares. De esta forma, se hacen posible los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales.
“El objetivo de la Consejería es ampliar estos PEF existentes, de tal forma que las familias de zonas más alejadas de las capitales tengan más facilidades para acceder a los mismos, evitando desplazamientos para poder visitar o recoger a los menores”, ha explicado Ontiveros.
“En definitiva, estamos trabajando para acercar los servicios que ofrecemos desde la Consejería de Justicia al ciudadano. Creemos que todos deben tener acceso a las mismas prestaciones con independencia de dónde residan y, por eso también hemos ampliado el Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía (SAVA) con los equipos itinerantes, para que todas las víctimas de delitos puedan acceder al mismo con comodidad”, ha concluido el director general de Justicia Juvenil y Cooperación.
Formación en mediación y violencia de género
Por su parte, el delegado ha indicado que los profesionales que trabajan en los dos puntos de Almería “cuentan además con formación complementaria en mediación, orientación familiar o terapia familiar y en violencia de género”. “Hemos elegido esta zona de la provincia debido al volumen de usuarios que provienen de aquí, pero nuestra intención es seguir trabajando para poder dar cobertura a la zona de Levante con otro PEF”, ha destacado.
El horario de atención a los usuarios es de jueves a domingo de 10.00 a 14.00 y todas las tardes (excepto lunes) de 16.00 a 20.00. Una coordinadora gestiona los equipos multidisciplinares de las dos sedes de la provincia, que están formados por dos psicólogas y una trabajadora social en el caso del de Almería, y una psicóloga y una trabajadora social en el de El Ejido.
Los Puntos de Encuentro Familiar funcionan desde el año 2009 y en ellos se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante resolución del órgano judicial correspondiente. Además, en estos recursos se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias puedan mejorar sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF.
