CARBONERAS.- El alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, ha anunciado que desde el Ayuntamiento se va a estudiar la personación en la causa abierta contra el ex alcalde del municipio y actual portavoz de Gicar, Salvador Hernández, en la que la Fiscalía solicita 13 años de inhabilitación especial para cargo público como miembro electivo de un Ayuntamiento. “Desde el equipo de gobierno que presido defenderemos en todo momento el interés general de los carboneros y carboneras frente a las presuntas irregularidades que hayan podido dañarlo en la gestión municipal”, ha remarcado.
En ese sentido, Amérigo Fernández ha lamentado “que Carboneras vuelva a ponerse en el foco por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión municipal durante la etapa de Salvador Hernández como alcalde y que, una vez más, se esté abordando su posible inhabilitación, en este caso durante 13 años”.
Para el actual regidor, “el delito continuado de prevaricación administrativa del que se acusa al concejal y portavoz de Gicar es un hecho muy grave dentro de la gestión pública de un Ayuntamiento, en la que los procedimientos deben de realizarse conforme a la Ley, con transparencia, y garantizando siempre tanto la igualdad de oportunidades como que se realizan de la manera más beneficiosa para los intereses municipales, que son los de todos y todas las carboneras”.
De ese modo, ha continuado, el Ayuntamiento estudia su personación, tras conocerse que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera ha dictado apertura de juicio oral contra el ex alcalde, que tendrá lugar en la Audiencia Provincial, “para conocer si se ha socavado ese principio del interés general y actuar conforme corresponda”.
Consideraciones de Fiscalía
Según la información que ha trascendido sobre este asunto, el Ministerio Público acusa a Salvador Hernández de un delito continuado de prevaricación administrativa al considerar que, como alcalde, habría adjudicado varios servicios a dos empresas "indebidamente como contratos menores" y "a sabiendas de su ilegalidad".
Desde la Fiscalía se estima que se valió de la junta de gobierno local para adoptar una serie de decisiones administrativas "contrarias a la ley" al adjudicar varios servicios a determinadas empresas "tramitándolo indebidamente como contratos menores, afectando los principios de concurrencia y publicidad que deben regir la contratación pública, a pesar de ser conocedor de las irregularidades administrativas".
Además, dentro de esos procedimientos aprecia contrataciones “recurrentes” por lo que “debería haberse planificado su contratación”, que no se habría llegado a consultar los presupuestos de diferentes empresas para comparar precios a la hora de adjudicar los servicios de forma más barata o el “fraccionamiento” de contrato para “disminuir la cuantía del mismo” y, así, “eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.
