viernes. 07.10.2022

Gerardo Vázquez, en Pontevedra con Cascante y Alén

ALMERÍA.- Los vecinos del Edificio Pintos de Bueu en la provincia de Pontevedra agrupados bajo la plataforma conocida como “La lona de la vergüenza de Bueu”, y que se ven afectados por una orden de derribo, mantuvieron el pasado 30 de diciembre un encuentro con Gerardo Vázquez, abogado y representante de la asociación AUAN de Almería, que les trasladó el apoyo y solidaridad de la asociación a la que representa, así como de las asociaciones AMA de Cantabria, AUN de Valencia y la confederación andaluza CALU. Todas ellas son asociaciones de diversas partes de la geografía española que luchan a favor de los derechos humanos de los afectados por abusos urbanísticos y que “hacen piña” con los vecinos de Bueu.

Durante el encuentro tuvo lugar una comida de trabajo entre Gerardo Vázquez de AUAN, Antonio Cascante, abogado de la Comunidad del Edificio Pintos y José María Alén representante de los vecinos de “La lona de la vergüenza de Bueu”. En esta reunión se acordó la organización de un jornada donde expertos en diferentes ámbitos de la legislación urbanística expusieran y debatieran sobre las consecuencias que en materia de urbanismo implica la reciente modificación del artículo 108.3 de la Ley de lo contencioso-administrativo que ha permitido se suspenda el derribo del Edificio Pintos. Asimismo, se hablará de los retos que quedan para dotar a nuestro Estado de la seguridad jurídica y protección a los ciudadanos compradores de buena fe de bienes inmuebles. En dicha jornada, también se expondrá por parte de un representante de los vecinos afectados el drama al que se ven sometidos por comprar una vivienda actuando acorde con las normas establecidas en los cauces legales que el Estado fija para el mercado inmobiliario, y que se ve arrollada por una situación posterior de ilegalización y derribo en sentencias en las que condenan las infracciones urbanísticas cometidas por otros y que recaen sobre propietarios que no las han cometidos ni de las que se han podido defender. La jornada iría dirigida a abogados, magistrados, registradores, notarios, alcaldes, políticos y profesionales vinculados al urbanismo. (Ver Foto 1.- Gerardo M. Vazquez, Antonio Cascante y José María Alén)

Por la tarde Gerardo Vázquez se dirigió al Edificio Pintos acompañado de José María Alén donde conoció “in-situ” el problema y expresó su “extrañeza del riesgo de demolición dada la aparente escasa entidad del problema urbanístico que se trata“. Allí se reunió con propietarios del inmueble donde pudo conocer de primera mano el temor con el que cada día conviven y en palabras de Gerardo “no se entiende como no se ha resuelto hace muchos años, provocando que los vecinos tengan que pasar por esta clase de calvarios sin tener culpa ninguna, y más aún teniendo en cuenta que lo llevan viviendo 25 años y en una edificación que está claramente dentro del núcleo urbano de esta localidad”. (Ver Foto 2.- Gerardo con algunos vecinos del Edificio Pintos)

La jornada terminó con un toma de contacto inicialmente telefónico con los representantes locales del PP, Berta Pérez, y del PSOE, José Vilas con quien se mantuvo una reunión posteriormente. El objetivo de estas tomas de contacto es promover desde diferentes partes de España, para introducir cambios legislativos, que permitan garantizar a los compradores la información necesaria para verse protegidos en la compra de viviendas realizadas antes notario y registradores de la propiedad, y que actualmente un procedimiento administrativo o judicial termina convirtiendo en papel mojado. Tal como dice una de las afectadas “no puede ser que la gente pueda pensar que en España comprar ante notario y registrador de la propiedad, tenga la misma seguridad jurídica en asuntos urbanísticos que comprar ante un top-manta. Es algo que creo que los notarios y registradores estarán interesados en remediar, ya que actualmente no existe suficiente seguridad jurídica en cuestiones urbanísticas en su intervención como garantes del mercado inmobiliario”. De esta forma, Gerardo Vázquez pretende conseguir el consenso que ya consiguió en el Senado el pasado 24 de junio cuando todos los senadores votaron a favor de la modificación del artículo 108.3 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo. En palabras de José María Alén “No es un problema de partidos, es un problema de ciudadanos, al que el poder legislativo debe dar respuesta. En estos momentos se calcula que podría haber un millón de viviendas ilegales en toda España, muchas de ellas adquiridas por terceros inocentes que actuaron de buena fe en y que no tienen culpa alguna ni deben sufrir los excesos de boom urbanístico que ha asolado el estado español durante los últimos años”. Añade J.M.Alén “que pague el culpable y no el inocente”. A su vez Gerardo Vázquez declara que “Es necesario introducir cambios jurídicos adicionales para dotar a España de garantías que permitan a los inversores nacionales y extranjeros invertir con confianza en nuestro país. El PSOE ya ha incluido la promesa de estos cambios en su programa electoral, y tengo la sincera esperanza que estos cambios también van a ser apoyados por los otros partidos, no solo como una cuestión de justicia sino de sentido común básico.”

Los representantes locales del PP, Berta Pérez, y del PSOE, José Vilas, se comprometieron a estudiar las nuevas modificaciones legislativas y a trasladarlas a sus respectivos grupos políticos a nivel autonómico (Ver Foto 3.- Gerardo Vázquez, José Vilas y José María Alén)

AUAN Almería se solidariza con vecinos de Bueu (Pontevedra)
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