ALMERÍA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha urgido este miércoles al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería encargado de enjuiciar el caso 'Poniente', por presunta corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) a emitir su sentencia dado que el caso que quedó visto para sentencia en julio de 2021.
"Me parece que ha pasado un tiempo más que razonable y no parece justificada ya la tardanza en esa resolución", ha manifestado Del Río en declaraciones a los medios en Almería antes de mantener un encuentro con los magistrados para conocer los motivos que han llevado a dilatar el fallo de una causa que se inició en octubre de 2009 y que espera desde hace 17 meses una sentencia.
El presidente del alto tribunal andaluz ha reconocido estar "muy preocupado" por la demora de un fallo que se esperaba, como última fecha, para el pasado mes de octubre. "Entiendo esa dificultad y parto de esa dificultad, pero creo que ha pasado ya un tiempo prudencial y creo que los ciudadanos y afectados necesitan saber y conocer el resultado de ese juicio", ha insistido.
Así, ha apuntado que habría que determinar qué motivos han llevado al tribunal a posponer la notificación del fallo, ya que tan solo en caso de un retraso "deliberado e injustificado" correspondería la aplicación de algún tipo de falta disciplinaria que, por el momento, no contempla.
"Yo he hecho una reflexión, estoy muy preocupado como presidente del retraso, creo que ya ha pasado un tiempo prudencial y no está justificado retrasar más el dictado de esta resolución", ha insistido el presidente del TSJA quien, no obstante, se ha mostrado consciente de las "dificultades" trasladadas por la presidenta del tribunal ante una sentencia con "muchos folios" y la minuciosidad para que no "haya ningún error" en la misma.
El macrojuicio de 'Poniente' por una presunta trama de corrupción que habría detraído según la Fiscalía Anticorrupción más de 71,5 millones de euros de las arcas municipales entre 2002 y 2009 quedó visto para sentencia el 13 de julio de 2021 después de casi seis meses de sesiones celebradas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce para garantizar el cumplimiento de las medidas covid-19.
En el trámite de informes, el fiscal Anticorrupción Jesús Juan Cruz situó el "origen" de la presunta trama en el "desmedido afán de dinero y de goce del poder" del ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor José Alemán, para quienes interesa penas que suman 40 años de cárcel y multas por importe total de 23,2 millones de euros.
La Fiscalía atribuye a Enciso y Alemán presuntos delitos de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.
Por su parte, la Abogacía del Estado consideró en su turno "plenamente acreditado" la "sobrefacturación" a la empresa mixta Elsur, vinculada a Abengoa, y que en esta práctica mediante subcontratas había un "claro interés económico" del ex alcalde y del ex interventor municipal.
Detalló que la "sobrefacturación" realizada por la "trama" empresarial de los acusados José Amate y Juan Antonio Galán restó a Elsur, 40,2 millones de euros de "beneficio adicional", y que la empresa mixta surgió "con la clara idea de defraudar a la Hacienda Pública".
Remarcó el "perjuicio" al "interés público" causado por la presunta trama corrupta, y cuantificó los gastos "reales" de las subcontratas de Amate en 21,4 millones de euros frente a los "46,5 facturados a Elsur" y en el caso de las sociedades de Galán ha cifrado en 16,8 los gastos "reales" frente a los 32,47 millones de euros facturados a la empresa mixta.
Al hilo de esto, trasladó también como "plenamente acreditado" que hubo "dos personas que se beneficiaron directamente" de las subcontratas de Juan Antonio Galán y apuntó hacía Enciso y Alemán, en su doble condición de alcalde e interventor municipal, además de miembros del Consejo de Administración de Elsur.
EUROPA PRESS
