Sin rendir cuentas y tapando la boca a los medios de comunicación y a la propia ‘oposición’. Así parece haber decidido el Partido Popular de Javier Aureliano García, -que también lo es de la Diputación Provincial y quien colocó como su mano derecha en esta institución a Óscar Liria-, abordar el espinoso caso de las posibles mordidas en la adjudicación de la compra de material sanitario en plena pandemia.
Si ya fue una vergüenza el pleno del 18 de junio en el que Ciudadanos y Vox trataron poco menos que como “víctima de un engaño” al presidente de la Diputación y se pusieron “a su disposición” para promover una comisión de investigación para “esclarecer” lo sucedido, el último celebrado esta semana ha sido si cabe más grotesco. Apenas diez minutos para constatar que Liria ha renunciado a su cargo como concejal de Fines y en consecuencia como diputado provincial y que la comisión que se encargará de revisar un único contrato realizado por el ya ex vicepresidente estará formada por cinco miembros del PP, dos del PSOE , 1 de Cs y otro de Vox. Es decir, que todo hace pensar que va a durar menos que este pleno.
Así las cosas, los almerienses sólo conocerán algo de lo sucedido el día que se inicie el juicio o más bien cuando se dicte sentencia y ésta se haga pública. Hasta entonces se abre un largo periodo de mutismo que, por muy solo que se sienta, el PSOE no debería permitir.
Nunca antes en Almería un presunto caso de corrupción, que ya ha llevado a la cárcel a un político, duró menos en las portadas de los medios y en los discursos de los grupos políticos en la oposición y aunque esto sea considerado como un logro por el Partido Popular en realidad es un fraude a la democracia. El ciudadano tiene derecho a saber qué ha pasado y es difícil circunscribir y cargar sobre una única persona la responsabilidad de lo sucedido con dinero público. Cuando menos García es responsable de haber dado tanto poder a una persona con tan pocos escrúpulos y encima no haber supervisado su gestión.
