viernes. 01.07.2022

Un interventor asegura que "él fiscalizaba la tramitación, no los fundamentos"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El exsecretario de Asuntos Exteriores y Unión Europea del Govern entre 2016 y 2017 y actual eurodiputado de ERC, Jordi Solé, ha negado haber recibido "instrucciones ni presiones para hacer propuestas de otorgamiento de subvenciones", en su declaración ante la jueza que investiga un presunto desvío de fondos para internacionalizar el proceso soberanista.

Según han explicado fuentes jurídicas, lo ha dicho este viernes en su comparecencia como testigo ante el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, que investiga a una decena de excargos del Govern por presunto desvío de fondos en la acción exterior del Govern, mediante contratos y subvenciones supuestamente otorgadas a dedo.

Solé ha explicado que él firmó y autorizó una propuesta de subvención de 40.000 euros a la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (Focir) en 2016, y ha detallado que "la subvención era sin concurrencia pública porque no había ninguna otra entidad que hiciera lo mismo".

Ha manifestado que esta propuesta en concreto era de temas de formación sobre proyección internacional, y que la entidad impulsaba publicaciones e impartía charlas.

INTERVENTOR

Este viernes también ha declarado en el juzgado uno de los interventores de la Generalitat en aquel momento, en calidad de testigo, y, según fuentes presentes en la sala, ha justificado que "fiscalizaba la tramitación, no los fundamentos" de las subvenciones.

Asimismo, ha defendido el informe que hizo, ya que él "miraba el motivo de la subvención, verificaba que había crédito y hacía el informe favorable".

En esta causa, la magistrada investiga a una decena de excargos del Govern por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

El caso se inició por una denuncia de la Fiscalía a partir de un informe del Tribunal de Cuentas que analizaba el uso de fondos públicos en la acción exterior del Govern, desde la Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, la Secretaría de Asuntos Exteriores y Diplocat.

El Tribunal de Cuentas analizó las actividades realizadas por estas organizaciones "entendiendo que algunas de ellas resultaban ajenas a las finalidades de proyección y promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña".

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