MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha anunciado a las comunidades autónomas que el Ejecutivo quiere aprobar próximamente en el Consejo de Ministros un Real Decreto con requisitos básicos de la operativa los servicios de extinción de incendios.
Así se lo ha comunicado a las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada de forma telemática, y en la que se ha aprobado la estrategia para la gestión de incendios forestales, la conservación del lobo y su existencia con la ganadería y el control de las algas invasoras.
Asimismo, en la reunión, presidida por Ribera, se ha informado a las comunidades autónomas de su propuesta para crear un nuevo Plan PIMA Adapta Eventos Adversos, para desarrollar proyectos piloto de sensibilización y capacitación de poblaciones con alta exposición y vulnerabilidad ante fenómenos agravados por el cambio climático al que se destinarán unos 12 millones de euros.
Igualmente, se ha dado cuenta a los consejeros autonómicos del desarrollo de las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático que analizará los retos en gestión del agua para los próximos años. Dicha Orientación fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 19 de julio. Por otro lado, en la reunión se ha aprobado la estrategia de gestión frente al alga invasora Rugulopteryx.
En cuanto a la Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo (Canis lupus) y su conservación, aprobada este jueves, el Ministerio informa de que se trata de un texto que busca impulsar las medidas de cohabitación del lobo con sectores clave como la ganadería y en información más precisa y actualizada sobre las poblaciones de la especie en el territorio.
Según han informado fuentes ministeriales a Europa Press, vinculado a la aplicación de la Estrategia como uno de sus instrumentos junto al Protocolo para la aplicación de excepciones, es decir, para extraer o controlar lobos, y la metodología de actualización del censo, se ha acordado destinar 10,5 millones de euros para prevenir daños de lobos por parte de los ganaderos y otros 9,5 para indemnizaciones.
La Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo incluye herramientas como la territorialización de fondos para poner en marcha medidas de prevención e indemnizar los daños generados por la especie en la cabaña ganadera, el protocolo para la autorización de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares, y el impulso de un nuevo censo nacional coordinado.
El documento incorpora las aportaciones de las autoridades regionales y las planteadas por entidades en el seno del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El Ministerio destaca que la guía es resultado del trabajo realizado con las comunidades autónomas y, especialmente, con las que sostienen un mayor número de manadas en su territorio.
Su aprobación era necesaria para articular el reparto de fondos en los Presupuestos Generales del Estado de 2022; para apoyar a los titulares de explotaciones ganaderas y contar con un mecanismo uniforme que de garantías a las administraciones implicadas en las autorizaciones de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares.
En la cita, el Ministerio y las comunidades autónomas han aprobado también las orientaciones estratégicas para la gestión de los incendios forestales en España, un documento estratégico que define las líneas comunes de trabajo para todos los actores con competencias en la defensa contra este fenómeno que afecta especialmente a España este verano.
En concreto, la vicepresidenta ha explicado que el real decreto de requisitos básicos de extinción pretende ser un marco "orientativo de coordinación" nacional para reducir los incendios forestales, gestionar de forma efectiva su desarrollo y minimizar sus consecuencias.
Así, buscará fortalecer la cooperación intersectorial en materia de incendios entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad, al ser un fenómeno que no atiende a separaciones administrativas, competenciales o de propiedad.
El documento establece seis principios que guiarán la aplicación e incluye 50 líneas de actuación en torno a seis objetivos: gestionar el territorio rural para lograr su sostenibilidad; reducir el riesgo de incendios, adaptar los ecosistemas y preparar a la sociedad frente su ocurrencia; involucrar la gestión del riesgo por incendios forestales en las políticas sectoriales; adaptar dispositivos contra incendios a los nuevos escenarios y reforzar su cooperación; profundizar sobre el conocimiento en incendios y la influencia del fuego en los ecosistemas; fomentar la participación y la sensibilización de la sociedad en la gestión de los incendios.
Estas orientaciones estratégicas serán un documento de posicionamiento en materia de incendios forestales con respecto a políticas comunitarias como la Política Agrícola Común o las diversas estrategias y planes nacionales, en especial, aquellas ligadas al ámbito forestal. La estrategia busca ser un marco orientativo de coordinación a escala nacional, que sirva de herramienta para reducir los incendios forestales, gestionar de forma efectiva su desarrollo y minimizar sus consecuencias.
