jueves. 08.12.2022

Su entorno argumenta que un fallo favorable facilitaría su vuelta a España, aunque desde el TS se advierte que sería detenido

BRUSELAS/MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ex presidente catalán Carles Puigdemont argumentará que España planea derogar el delito de sedición por el que está reclamado por el Tribunal Supremo (TS) durante la vista oral que se celebrará el próximo 25 de noviembre en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en la que su defensa intentará reivindicar que su inmunidad como europarlamentario impide que se pueda proceder penalmente en su contra.

Está previsto que la vista oral comience sobre las 9.00 del próximo viernes y que se alargue varias horas durante las cuales los representantes legales de la Eurocámara y España y la defensa de Puigdemont expondrán sus respectivas posiciones para someterse después a las preguntas que quieran plantear los magistrados.

El TGUE analizará la demanda presentada el 19 de mayo de 2021 contra las decisiones adoptadas el 9 de marzo de ese mismo año por el PE con las que aceptó el suplicatorio cursado por el instructor del 'procés', Pablo Llarena, suspendiendo así la inmunidad de Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

La Eurocámara consideró que los hechos por los que Puigdemont y Comín están reclamados por delitos de sedición y malversación --y en el caso de Ponsatí, solo por sedición-- son anteriores a que ocuparan su escaño, por lo que no guardan relación alguna con su actividad como eurodiputados.

La defensa recurrió al estimar que el PE había dejado sin respuesta una serie de cuestiones que abren la puerta a que el suplicatorio pueda ser revocado, identificando hasta 14 puntos afectados por este silencio parlamentario.

Uno de los argumentos no contestados a favor de mantener la inmunidad de Puigdemont es el de que la Justicia española le reclama por un delito --el de sedición-- que no está penalizado en todos los Estados miembro.

LAS "CONTRADICCIONES" DE ESPAÑA

Fuentes de la defensa del ex president avanzan que, para reforzar esta tesis, alegarán que en España ya existe una proposición de ley de los grupos parlamentarios que forman el Gobierno para derogar la sedición.

En la misma línea, apuntan que se mencionará igualmente que el Gobierno se ha mostrado abierto a reformar también el delito de malversación, aunque para ello no haya todavía una propuesta concreta.

En este nuevo contexto, cobra especial importancia el alegato de persecución política que hacen los tres líderes independentistas, porque la defensa esgrimirá que los vaivenes de España --reclamar primero por rebelión, luego por sedición y ahora eliminar dicho delito-- refuerzan la tesis de que se les estaría cercando por motivaciones políticas.

UN "DERECHO NUEVO"

Las citadas fuentes asumen que se trata de una maniobra arriesgada porque en la vista oral no se pueden introducir hechos nuevos que no constaran en la acción de nulidad contra el suplicatorio.

Sin embargo, al hilo recalcan que en este caso concreto estaríamos en una situación excepcional por cuanto se trata directamente de un "derecho nuevo" en ciernes que puede afectar al conjunto del caso.

Cabe recordar que Puigdemont, Comín y Ponsatí recuperaron provisionalmente su inmunidad como eurodiputados el pasado 24 de mayo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló un pronunciamiento anterior que descartó darles esta medida cautelar al considerar que la retirada de esta protección parlamentaria no afectaba a sus desplazamientos como miembros del PE ni quedaba acreditado que pudieran ser detenidos de forma inminente.

La decisión de fondo será la que tome el TGUE tras la vista oral, en una sentencia que se espera hacia finales de enero o principios de febrero. Las mismas fuentes advierten de que, si el tribunal europeo da la razón a Puigdemont y blinda su inmunidad, podría volver a España de forma inmediata sin ser detenido.

No obstante, fuentes del alto tribunal preguntadas por Europa Press aseguran que, independientemente del fallo del TGUE, si el ex presidente catalán pisara suelo español podría ser arrestado por virtud de la orden nacional de busca y captura que sigue vigente.

A ello añaden que, en el escenario de que el TGUE tumbara el suplicatorio, siempre sería posible emitir uno nuevo que se ajustara a los parámetros establecidos por la corte comunitaria.

EL PRESUNTO ESPIONAJE DE PEGASUS

Aunque la vista clave en el TGUE será el 25 de noviembre, un día antes se celebrará otra con la que la defensa de Puigdemont busca que los magistrados declaren que el ya fallecido presidente de la Eurocámara David Sassoli no actuó correctamente al no hacer valer la inmunidad del ex president y los demás cuando se dictaron las euroórdenes de octubre y noviembre de 2019.

Las ordenes europeas de detención y entrega (OEDEs) permanecen suspendidas a la espera de que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteó Llarena para aclarar el alcance de esta herramienta de cooperación judicial, después de que los tribunales belgas se negaran a aplicarla al también ex consejero Lluis Puig.

El Abogado General de la UE dio a conocer el pasado 14 de julio sus conclusiones, en las que manifestó que un Estado miembro no puede negarse a ejecutar una euroorden cursada por otro a no ser que haya un riesgo sistémico de vulneración de derechos fundamentales.

La posición del Abogado General no es vinculante pero el TJUE suele seguirla en la mayoría de los casos. La respuesta de los magistrados europeos a las preguntas de Llarena se espera hacia final de año, pero podría retrasarse hasta marzo de 2023 si el tribunal accede a la última petición de Puigdemont.

El pasado 7 de noviembre, la defensa de Puigdemont solicitó al TJUE que se reabriera la fase oral del procedimiento por las cuestiones prejudiciales aduciendo que el presunto espionaje que sufrieron líderes independentistas con el programa Pegasus prueba la vulneración sistmética de derechos fundamentales.

Las probabilidades de que el TJUE acceda a dar un paso atrás en el proceso para abordar este asunto son escasas, ya que habitualmente deniega la reapertura, pese a lo cual el entorno de Puigdemont confía en que la petición prospere por tratarse de "nuevos hechos relevantes".

Puigdemont alegará ante el TGUE la derogación de la sedición para defender su inmunidad
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