viernes. 19.04.2024

También se sentarán en el banquillo una ex suegra y otras personas del entorno del primogénito del clan

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado este jueves un auto de aclaración para incluir en el banquillo de los acusados --en el que este miércoles sentó al expresident de la Generalitat Jordi Pujol, a todos sus hijos y a un grupo de empresarios por delitos en la gestión del patrimonio familiar del clan-- a una serie de personas acusadas por Podemos, que ejerce la acción popular en esta causa. Todos ellos son colaboradores o personas cercanas al primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 incluye entre la lista de los que se someterán a juicio por esta causa a la ex suegra de Jordi Pujol Jr., Mercé Riera; así como al directivo de Copisa y amigo personal del primogénito Xavier Tauler y al urbanista Xabier Corominas, que según la investigación acompañó al esquero de Jordá a realizar un cobro.

También se sentarán en el banquillo acusados por Podemos el empresario barcelonés Ajume Ferrería Granjeras que ejercía de vicepresidente del Área de Patrimonio del Fútbol Club Barcelona y dijo ante el juez que pagó 435.000 euros en comisiones a Jordá Pujol Ferrosa, sin mediar contrato, por los clientes que proporcionó a su compañía; y Elvira Vidal, esposa de Josep Cornadó Mateu, principal accionista de Copisa.

En esta causa se imputan presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública

Al ex president y sus hijos se les acusa de integrar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

El primer instructor del caso, José De la Mata dio por acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias" que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

Situó el origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Y ello a cambio de una "contraprestación" que pasaba por que los Pujol ejercieran "concretas influencias" para adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

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