MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El subsecretario del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio José Hidalgo López, ha garantizado este viernes que el procedimiento contra 'fake news' que va a activar el Ejecutivo no afectará en ningún caso a derechos fundamentales y sólo busca "alertar" ante campañas de desinformación. Ha asegurado que tampoco tendrá impacto adicional en los Presupuestos para 2021.
Hidalgo se ha referido a este asunto durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos a instancias de la diputada del PP Edurne Uriarte, quien le ha pedido cuentas por este procedimiento y ha denunciado que no se haya permitido la comparecencia de Iván Redondo, director de Gabinete del presidente del Gobierno, para explicar las cuentas públicas de Presidencia.
El subsecretario ha dejado claro que lo único que se va a hacer es establecer una comisión de seguimiento y una metodología para "alertar cuando se produzca algún tipo de injerencia a través de campañas de desinformación" y que esto no tendrá "repercusión presupuestaria" porque se cubrirá con gastos del programa de Presidencia del Gobierno.
Hidalgo ha hecho hincapié en que todos los países de nuestro entorno disponen de estrategias de seguridad nacional y que, dentro de la mismas, "es básico estar atentos a procesos de desinformación" que puedan lanzarse "desde potencias extranjeras".
NO ES UN "INVENTO"
"Esto no es un invento del Gobierno, pueden producir, hay ejemplos muy claros", ha dicho, mencionando a Estados Unidos, y subrayando que este procedimiento de alertas no podrá tener ningún efecto sobre los derechos fundamentales. "No tiene ninguna capacidad de intervención (sobre estos derechos) ni podría tenerla porque nuestro ordenamiento jurídico no nos lo permitiría", ha sentenciado para "tranquilizar" a la diputada del PP.
El Gobierno ya aclaró este jueves que su plan contra las 'fake news' va contra injerencias extranjeras y que no busca vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.
Según lo aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, el Ejecutivo monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
"Este procedimiento tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país", recalcan desde Moncloa, que incide en que no se "vigilará, censurará o limitará el libre derecho de los medios a ofrecer sus informaciones".
Además de "definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos", el Gobierno propone el marco y la composición de un equipo de trabajo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
IMPLICACIÓN DE LOS MEDIOS
En la misma estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil.
El procedimiento establece cuatro niveles de activación "que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas".
El Gobierno argumenta que la finalidad última es la de mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido.
