Ciudadanos de origen filipino consideran que se incumplió un contrato de arrendamiento de recursos naturales firmado en 1878
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Justicia de Luxemburgo ha embargado dos filiales de Petronas, la compañía estatal de petróleo y gas de Malasia, para ejecutar el proceso de arbitraje impulsado en su demanda contra el país asiático por los supuestos herederos del Sultán de Joló, a quienes un árbitro español les reconoció este mismo año en Francia una indemnización, a pagar por el Estado malayo, de unos 13.300 millones de euros.
Un tribunal de París aceptó el procedimiento de arbitraje después de que los demandantes, de origen filipino, desistieran de seguirlo intentando en España, donde Malasia recurrió y consiguió la nulidad. Las autoridades malayas también impugnaron lo acordado en Francia, pero a falta de que se resuelva esa apelación, el proceso continúa.
Las dos filiales embargadas por Luxemburgo son Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) y Petronas South Caucasus, que administran los intereses de la compañía energética malaya en Azerbaiyán y su valor podría alcanzar los 2.000 millones de euros, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas próximas al caso.
Con esta decisión, Luxemburgo, que está adscrito a la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, cumple con el laudo dictado por el árbitro español Gonzalo Stampa en el mes de febrero, cuando reconoció a los supuestos herederos la indemnización milmillonaria. El país del sudeste asiático también se unió a dicho convenio.
La disputa entre los supuestos herederos y Malasia se remonta a 1878, año en que se firmó un acuerdo entre el Sultán de Sulu y dos particulares británicos por el que se habría otorgado los derechos soberanos sobre ciertos territorios de la isla de Borneo e islas adyacentes que hoy forman parte del territorio de Malasia. En ese momento, los recursos naturales eran perlas, nidos de pájaro y madera y el Sultanato formaba parte del Imperio español.
INDEMNIZACIÓN EN AUMENTO
Según las fuentes consultadas, si Malasia no acata la decisión del arbitraje, el dinero que debe a los supuestos herederos de Joló ira aumentando, puesto que Stampa fijó que por cada año no pagado, la cantidad adeudada incrementaría en un 10 por ciento.
La causa en España surgió en febrero de 2018, cuando ocho ciudadanos de origen filipino presentaron demanda contra Malasia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que argumentaban que el contrato, cuando se firmó, se hizo en suelo español. Aquel escrito se admitió a trámite y luego se acordó el nombramiento del abogado Stampa como árbitro de este laudo.
Malasia pidió la nulidad de las actuaciones al considerar que no había sido emplazada correctamente por vía diplomática. Ante esta petición, el TSJM acordó la nulidad solicitada y estimó pertinente retrotraer las actuaciones, incluido el nombramiento del árbitro.
El pasado febrero, los ocho demandantes solicitaron el desestimiento del procedimiento porque entendían que el árbitro estaba bien nombrado. Los supuestos herederos del Sultán de Joló reclamaron desde España a Malasia 28.000 millones de euros en concepto de indemnización al considerar que se incumplió un contrato de arrendamiento de recursos naturales que se firmó en 1878.
Según un auto del TSJM conocido en abril, aunque Malasia no se opuso a dicho desestimiento, sí pidió que se condene en costas a quienes dicen ser herederos del Sultán de Joló. En concreto, el país del sudeste asiático ha solicitado al tribunal madrileño que condene en costas a los demandantes por la actuación "extemporánea" del árbitro que fue designado, pero fue rechazado por los magistrados.
OTRAS CAUSAS
Fuentes del procedimiento comunicaron a Europa Press que los demandantes presentaron el pasado noviembre un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de España. En paralelo, llevaron el procedimiento arbitral a Francia, donde el árbitro español dictó el laudo que fijó esa indemnización de 13.300 millones de euros.
Las autoridades de Malasia, por su parte, aseguraron en un comunicado que mantiene su postura de no reconocer ninguna de las actuaciones realizadas por Stampa y avisaron de que seguirá tomando "todas las medidas necesarias, incluidos todos los procedimientos legales pertinentes para garantizar los intereses" del país.
Al margen, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia contra el árbitro español, al que le atribuye presuntos delitos de desobediencia grave e intrusismo por seguir con el arbitraje pese a haber sido cesado por el TSJ madrileño de su función de árbitro en un primer momento.
