MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este martes tras conocerse que el Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos del PP y Vox contra el nombramiento como fiscal general del Estado (FGE) de Dolores Delgado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo ese nombramiento "con escrupuloso respeto de la legalidad y dentro del marco reglado".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha respondido de esa manera a la pregunta sobre si el Gobierno respiraba tranquilo tras la decisión de la Sala Tercera que se fundamenta en la falta de legitimación activa de ambas formaciones. "El Gobierno respeta escrupulosamente la decisión del Tribunal Supremo", ha aseverado.
Llop comparecía este martes dado que se ha aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de eficiencia digital en la Administración de Justicia, norma que se encuadra dentro del esqueleto legal del Plan Justicia 2030.
Preguntada sobre las negociaciones con el PP para renovar órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo y si explora fórmulas alternativas para lograr renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Llop ha explicado que el Ejecutivo es respetuoso con el principio de legalidad y con la separación de poderes, y ha recordado que cualquier reforma que afecte al órgano de gobierno de los jueces "debe partir de las propias Cortes que son las legitimadas constitucionalmente para hacer cualquier reforma y renovación de los órganos constitucionales".
"El Gobierno insiste en que es necesaria la renovación de todos los órganos, también del Poder Judicial, y no se contempla otra opción o escenario que no sea cumplir con la Constitución", ha apuntado.
Al hilo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado que es el ministro de la Presidencia quien mantiene conversaciones con el PP para dar cobertura a la renovación de esos órganos y ha especificado que se trabaja sobre cuatro de ellos pero no sobre el CGPJ. "El Gobierno no ha renunciado" a la renovación del CGPJ, ha insistido no obstante, para añadir que hay que dar cumplimiento a la Constitución "en toda su extensión".
EFICIENCIA DIGITAL
Por otro lado, Llop ha indicado que gracias al uso de procedimientos digitales durante la pandemia en la Administración de Justicia se han ahorrado 12 millones de euros en desplazamientos y se ha evitado la emisión de aproximadamente 5.800 toneladas de CO2. Se debe, ha aseverado, a la celebración de manera telemática de 590.000 comparecencias y vistas.
Considera que estos datos avalan la necesidad del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.
Según ha apuntado, la ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.
"Pretendemos situar nuestra Administración de Justicia en la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea", ha señalado Llop, subrayando que la ley pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de las administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.
Según la ministra, con esta norma se avanza en cohesión social y territorial, gracias a la cohesión digital, y se impulsa la transformación de la Justicia hacia un servicio público "cercano, eficaz y rápido". La nueva ley de Eficiencia Digital reconoce el derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios. Con este fin, se avanza en el Expediente Judicial Electrónico, ampliando servicios y funcionalidades a través de la Carpeta Justicia.
En nota de prensa, el miniserio ha añadido que la norma refuerza la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales, posibilitando la realización de juicios y vistas telemáticas con plenas garantías en entornos seguros. Contempla además la regulación de los sistemas de identificación y firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judiciales llevados a cabo por videoconferencia.
La reforma tecnológica facilitará también la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física. Y desde el departamento de Llop se apunta que una de las principales novedades que contiene la ley es la transición de una tramitación orientada al documento a una tramitación orientada al dato. Esto permitirá, a través de un análisis estructurado de la multitud de datos que genera la Administración de Justicia, y a través de la cogobernanza del dato, realizar un óptimo diseño de políticas públicas.
El Anteproyecto introduce además numerosas medidas que responden a reivindicaciones de los operadores jurídicos y que contribuyen al bienestar de los trabajadores de la Justicia, como son el derecho a la desconexión digital para favorecer la conciliación familiar y laboral; la cita previa; el trabajo deslocalizado; o la reducción o eliminación de brechas geográficas, económicas, sociales, de discapacidad, de género, formativas o incluso propiamente digitales.
LA INTEROPERABILIDAD
Otro punto fuerte resaltado por la ministra en su comparecencia es que la norma fortalece la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.
Asimismo, recoge expresamente las relaciones e interoperabilidad de la Administración de Justicia con los sistemas de digitalización del país, como los sistemas de comunicación con el resto de administraciones públicas o los sistemas generales de servicios a los ciudadanos. "Se favorece así el diálogo tecnológico y la prestación del servicio en todo el territorio del Estado", ha asegurado la ministra de Justicia.
"Esta ley no deja a nadie atrás y salda una deuda pendiente con la Administración de Justicia y su eterna modernización, que nunca llegaba, así como con su transformación en un recurso universal en términos de accesibilidad. Asumimos con éxito los retos de la transformación digital en el marco de la Justicia española y avanzamos en calidad democrática", ha concluido la ministra.
