jueves 2/12/21

La líder de PSOE de Melilla acusa al PP de "judicializar la vida política" tras su imputación por presunta prevaricación

La secretaria general del PSOE de Melilla y vicepresidenta primera de la Ciudad, Gloria Rojas, ha acusado este viernes al PP de "judicializar la política melillense" después de que un juzgado la haya llamado a declarar como querellada por un presunto delito de prevaricación administrativa. Rojas ha recibido el respaldo del grupo parlamentario socialista en la Asamblea al completo y de la delegada del Gobierno y secretaria de Organización del PSOE, Sabrina Moh.
Archivo - Gloria Rojas, en una imagen de archivo

MELILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Melilla y vicepresidenta primera de la Ciudad, Gloria Rojas, ha acusado este viernes al PP de "judicializar la política melillense" después de que un juzgado la haya llamado a declarar como querellada por un presunto delito de prevaricación administrativa. Rojas ha recibido el respaldo del grupo parlamentario socialista en la Asamblea al completo y de la delegada del Gobierno y secretaria de Organización del PSOE, Sabrina Moh.

En rueda de prensa, Rojas ha señalado que el único objetivo de las querellas que vienen presentando los populares desde que entró el nuevo gobierno en julio de 2019 "es desprestigiar a sus componentes", tras haber logrado la imputación en varias ocasiones del presidente de la Ciudad Eduardo de Castro (ex Cs) y los consejeros de Hacienda, Dunia Almansouri (CPM); de Medio Ambiente Hassán Mohatar (CPM) y Distritos, Mohamed Mohand (CPM), y ahora en su caso, con su citación a declarar el 30 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción número 2 por las presuntas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de vigilancia privada de la localidad.

Sin embargo, la "número dos" del Ejecutivo melillense ha asegurado que "no lo van a conseguir" porque recalca que no ha cometido ninguna irregularidad.

Rojas ha pedido al PP que asuma que ha perdido el mando de la Ciudad Autónoma después de veinte años de gobiernos presididos por Juan José Imbroda (PP). "Muchos de ellos tienen la necesidad de vivir de la política, cosa que como sabe toda la ciudad, en mi caso no es necesario", ha indicado la socialista, de profesión profesora de la Universidad de Granada en su Campus de Melilla.

"Señores del PP, dedíquense a hacer una buena oposición, a proponer cosas constructivas para la ciudad y dejen la Justicia para las cosas necesarias y verdaderamente importantes" ha reclamado la vicepresidenta de Melilla.

"LA CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

En cualquier caso, la líder de los socialistas melillenses ha manifestado que "tengo la conciencia muy tranquila, en unos hechos en los que he actuado correctamente" y si bien no ha querido responder a detalles ni otras cuestiones del contrato de vigilancia privada objeto de la querella que le ha presentado el PP, ha avanzado que "me pongo a total disposición de la justicia para aclarar cualquier cuestión, todo lo que necesiten, desde la máxima tranquilidad porque tengo la conciencia muy tranquila" ha remarcado.

La vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma de Melilla y consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas (PSOE) y la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri (CPM), han sido citadas a declarar por el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Melilla en calidad de querelladas por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

Rojas, que también es secretaria general del PSOE de Melilla, acudirá por primera vez en esta legislatura a declarar en calidad de imputada, a diferencia de Almansouri que lo va a hacer en tres ocasiones en otras causas, después de que el citado juzgado haya aceptado la denuncia interpuesta por el PP contra la gestión en la concesión del servicio de seguridad privada de instalaciones de la Ciudad Autónoma, con un contrato de licitación de unos de 9 millones de euros.

La misma querella de los populares contra Rojas y Almansouri también ha sido presentada ante el Tribunal de Cuentas al asegurar que la gestión de la misma ha supuesto "un sobrecoste de 900.000 euros para las arcas públicas".

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