viernes. 29.03.2024

El juez del caso Villarejo imputa un nuevo delito de administración desleal a Francisco González

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado un nuevo delito de administración desleal al ex presidente de BBVA Francisco González por, supuestamente, usar la entidad para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título personal, al mismo tiempo que ha citado como investigado al responsable de comunicación del banco, Paul García Tobin, en el marco de la macrocausa sobre los negocios del comisario José Manuel Villarejo.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado un nuevo delito de administración desleal al ex presidente de BBVA Francisco González por, supuestamente, usar la entidad para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título personal, al mismo tiempo que ha citado como investigado al responsable de comunicación del banco, Paul García Tobin, en el marco de la macrocausa sobre los negocios del comisario José Manuel Villarejo.

García-Castellón ha achacado a González este nuevo delito por haber utilizado recursos de BBVA "para su uso exclusivamente personal". En concreto, "para valorar la adquisición de una finca a título privado", ha indicado, en un auto fechado el 20 de julio al que ha tenido acceso Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha atendido así a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito del pasado 8 de julio donde atribuía a González, ya imputado por cohecho y revelación de secretos, este nuevo delito.

Los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro también interesaron al magistrado que citara otra vez al ex directivo de la entidad financiera, si bien García -Castellón se ha limitado a informar a González de su derecho a declarar, "si lo estima oportuno", sobre este nuevo delito.

Además, el juez ha accedido a otra de las cuestiones planteadas por el Ministerio Público al citar a García Tobin como investigado por "su presunta participación en un delito contra la administración de justicia por encubrimiento respecto del señor González".

"LEVANTAR LA INFORMACIÓN"

García-Castellón imputa a García Tobin en base a la declaración de la jefa de Seguridad de BBVA, Inés Díaz Ochagavia. Según ella, tras publicarse una noticia sobre presunto blanqueo que relacionaba al socio de Villarejo, Rafael Redondo, y a CENYT, se quiso determinar si la información que afectaba a BBVA era cierta y, para ello, García Tobin ordenó crear una carpeta en Google Drive para "levantar la información" que pudiera existir en el banco sobre los contratos con la empresa.

La defensa de BBVA interrumpió la comparecencia judicial de su jefa de Seguridad, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, para asegurar que a la semana siguiente entregaría copia de dichos archivos, metadatos incluidos.

Sin embargo, el instructor subraya que "la extracción y aportación documental no responde a lo que se manifestó que se entregaría, pues todo se efectúa a partir del 18 de octubre de 2018 o a tiempo presente, pero nada se dice de los metadatos, esto es, no se ha producido ninguna extracción histórica del contenido".

Esta extracción histórica, explica el magistrado, "englobaría desde la fecha de creación hasta la actualidad, haciendo constar qué personas estuvieron autorizadas para acceder al mismo, si posteriormente hubo personas que se borraron de forma que actualmente no están en drive, etc".

PONE EL FOCO EN LOS INFORMES INTERNOS

En este contexto, García-Castellón también ha llamado en calidad de perito a Fernando Alfonso Díaz, que elaboró el informe que BBVA encargó a GMV para "la adquisición de evidencias electrónicas de archivos ubicados en los entornos de almacenamiento del cliente (Google Drive)".

El magistrado busca que el perito ratifique y, en su caso, amplíe el informe de GMV pero, sobre todo, que aclare "por qué no se presentaron los metadatos del archivo desde su creación", tal y como se había comprometido la entidad bancaria.

En la misma línea, ha ordenado emitir un oficio a PWC para determinar "el contexto" del informe que elaboró para BBVA sobre la contratación, la facturación y los pagos a CENYT, "ya que desde el BBVA se afirma que muy pocos conocían que detrás de CENYT estaba Villarejo, y del documento se desprende claramente lo contrario".

García-Castellón quiere que PWC precise "la cadena de custodia entre el momento que se les facilitó la documentación y las gestiones llevadas a cabo para encontrar el mismo".

Asimismo, ha solicitado a BBVA que "algún responsable" suyo aclare las cuestiones referidas a los contratos con CENYT, mencionando específicamente "la normativa contable interna del banco que explique el funcionamiento de la cuenta de quebrantos y del centro de coste 'Varios no clasificados" para que exponga "si resulta lógico" que las facturas de Villarejo se cargasen a esos fondos. En este sentido, el juez ha citado como testigo al asesor financiero de BBVA César Béjar.

Por último, ha pedido a la Policía que acuda a la sucursal de BBVA donde en diciembre de 2004 se abrió la primera cuenta de CENYT para que informe sobre el funcionamiento de dos cuentas, interesándose en particular por "operaciones de extracción de cantidades en metálico" hasta la actualidad.

UNA CRIBA "OPACA"

En esta pieza número 9 de la macrocausa 'Tándem', se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT --buque insignia del grupo empresarial de Villarejo-- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

El instructor, acogiendo el relato de la Fiscalía Anticorrupción, ha afirmado indiciariamente que BBVA estuvo contratando a CENYT a través de su director corporativo, Julio Corrochano, desde 2004, una contratación que se hizo "al margen del procedimiento de selección de proveedores de la entidad". "Se mantuvo opaca para muchas de las personas que deberían haber tenido conocimiento de la misma", ha apostillado.

Ha destacado además que "los sistemas de cumplimiento normativo o normas internas de control no detectaron nada, a pesar de los años en que se mantuvo, y a pesar de que, aparentemente y según la entidad, se estuvieron pagando facturas de forma continuada que no se encontraban respaldadas por contrato alguno, y a pesar de que el original o la copia escaneada de tales facturas, ha desaparecido", algo que BBVA ha justificado por su tamaño y la multitud de operaciones existentes.

García-Castellón ha enfatizado que, de las grabaciones obtenidas en los registros, en especial en el domicilio de Villarejo, se evidencia que "Julio Corrochano trataba de estos temas con 'el jefe', siendo la única persona que puede responder a ello el ex presidente de la entidad Francisco González", lo que --a juicio del magistrado-- "sitúa las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco".

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