MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha desestimado el recurso de reforma presentado por la Generalitat de Cataluña y ha confirmado su rechazo a que se persone como acusación popular en el 'caso Pegasus', donde se investiga bajo secreto el espionaje sufrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, a través de sus teléfonos móviles.
En un auto de este mismo miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 descarta los argumentos de la Generalitat, que sostenía que "las actividades ilícitas" que investiga el magistrado pueden afectar a "responsables políticos de las más altas instituciones públicas catalanas".
Y es que, explica el instructor, "el objeto de las presentes actuaciones, contrariamente a la anterior afirmación, viene limitado, única y exclusivamente, a la exfiltración de información del contenido de los dispositivos móviles" del presidente y los dos ministros.
"Por consiguiente, tales argumentos deberán hacerse valer, en su caso, ante el órgano judicial que esté conociendo de aquellos otros hechos, y que son totalmente ajenos a este procedimiento", añade el juez Calama.
NO HAY VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL
Por otro lado, el magistrado también descarta, en contra de lo argumentado por el Govern en su recurso, que la inadmisión de su personación suponga una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.
Fue el pasado 18 de mayo cuando Calama rechazó la petición inicial de la Generalitat señalando que no había habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas, como es el caso de la Generalitat, pudieran ejercer la acción popular.
El Gobierno catalán había alegado que el Estatuto de Autonomía establece que "los poderes públicos deben promover el pleno ejercicio de las libertades y la ciudadanía, así como promover las condiciones de libertad e igualdad de las personas, sean reales y efectivas", y "valores como la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz y la justicia".
Además, aludió a la "gravedad extrema de estas actividades ilícitas y el ataque a los derechos fundamentales de las personas afectadas, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Española y el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
CAUSA SECRETA
Calama abrió diligencias previas el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada tras confirmarse también la infección del teléfono de Grande-Marlaska con este 'software' espía.
El juez vio "meridianamente claro" que la competencia para investigar este asunto era de la Audiencia Nacional, por cuanto esta sede judicial tiene atribuido el conocimiento de los delitos cometidos contra "altos organismos de la nación", como son el presidente del Gobierno y sus ministros, al tiempo que declaró secretas las pesquisas ofreciendo a Sánchez y Robles que se personaran como perjudicados.
En esa resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada el por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".
EN PLENA CRISIS CON MARRUECOS
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.
Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Precisamente, este último declaró el 1 de junio como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.
En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.
El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.
