MELILLA, 5 (EUROPA PRESS)
La asociación profesional de Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha salida al paso de las acciones de oficio iniciadas por el Defensor del Pueblo a raíz de la publicación de unas imágenes en las que se muestra a varios agentes golpeando a un hombre que acababa de superar la valla Melilla y pide a su máximo responsable, Ángel Gabilondo, que "debería diferenciar entre las personas vulnerables y aquellos que provistos de garfios arremeten contra los guardias civiles, golpean y provocan heridas" y reclama que "el Defensor del Pueblo también se interese por las condiciones en las que trabajan los guardias civiles en la valla de Melilla".
A través de un comunicado de prensa, la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil ha destacado que "entrar de forma violenta en España, no pude tener premio y es imprescindible que sean expulsados inmediatamente los inmigrantes más violentos".
Jucil ha valorado el interés que ahora muestra el Defensor del Pueblo al solicitar información a la Secretaría de Estado de Seguridad "sobre la intervención con una persona que, provista de grandes garfios metálicos accedió a Melilla a través de la valla y que, a pesar de las indicaciones de la Guardia Civil, no soltó estos elementos hasta que no fue reducido".
La organización ha lamentado que la institución que preside Ángel Gabilondo no haya mostrado sin embargo interés alguno, ni propuesto un informe de oficio para conocer el alcance y los motivos de las lesiones sufridas en los últimos días por más de una veintena de guardias civiles.
El secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, ha precisado que "puesto que Ángel Gabilondo incide en que las actuaciones de los agentes deben respetar el derecho a la integridad física y moral sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, incluya en su actuación de oficio los partes médicos de los 48 agredidos en los saltos a la valla, así como fotografías del estado en el que ha quedado parte del material, como los cascos que han recibido el impacto de piedras y chalecos rasgados con los garfios que portaban los inmigrantes".
Leal ha detallado que con un presupuesto de 18 millones de euros para este 2022, la institución del Defensor del Pueblo podría analizar además en qué condiciones operan en la valla de Melilla, los efectivos de la Guardia Civil.
El responsable de Comunicación ha avanzado que el equipo jurídico de Jucil no descarta presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para que también analice las circunstancias y limitaciones que se les imponen a los guardias civiles para que eviten las avalanchas en la valla de Melilla.
PIDEN USAR MATERIAL ANTIDISTURBIOS
La Asociación Profesional que defiende los intereses laborales de los guardias civiles ha resaltado que este sábado 5 de marzo, día en el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska visita Melilla "después de varias jornadas de continuos asaltos violentos" a la misma por parte de inmigrantes, "las condiciones de trabajo en la prestan sus servicios los agentes desplazados hasta allí son tan precarias como las de los días anteriores".
A juicio de Jucil, "faltan medios humanos para controlar esta entrada violenta de inmigrantes en España y, además, carecen de los medios materiales para poder cumplir esta tarea" sin que se produzcan situaciones como las que se han visto estos días. "La forma de evitar llegar al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con personas armadas con garfios y otros elementos lesivos es que se autorice el uso del material antidisturbios para impedir el salto a la valla", ha señalado Agustín Leal.
Su secretario de Comunicación ha apuntado que incluso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska reconoció este viernes que han sido "ataques violentos" e "inusitados y que los subsaharianos iban pertrechados con garfios, tornillería en los zapatos y palos de tamaño mayor que las defensas usadas por la Guardia Civil. "En estos días, en los que vemos la llegada a España de personas vulnerables, refugiados procedentes de lugares en guerra (Ucrania) sin que eso cause problemas de carácter policial no se puede aceptar que quien entre en España de forma violenta y atentando contra funcionarios públicos resulte premiado".
Por todo ello, Jucil ha reclamamos también "la expulsión inmediata de quien han utilizado estos métodos para superar la frontera" ha concluido Leal.
