Alega que ha sufrido una "flagrante" vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Iberdrola ha presentado un recurso de apelación donde pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantenga viva la querella presentada contra el ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo, al considerar que la decisión del juez de archivar este asunto se ha producido con una "flagrante" vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en el marco de las pesquisas sobre los presuntos encargos de la empresa energética al comisario José Manuel Villarejo.
Iberdrola se querelló contra Del Olmo en 2020 en un juzgado de instrucción de Bilbao, aunque el asunto fue absorbido por la Audiencia Nacional, acusándole de elaborar y difundir un informe falso donde el ex directivo --que defiende la veracidad del contenido del mismo-- reflejaría una presunta práctica por la cual el ex director de Seguridad Antonio Asenjo pagaría a un tercero, que podría ser Villarejo, a través de una sociedad intermediaria. Además, apuntaría a la existencia de una denuncia interna que no se habría investigado.
En un auto del pasado 9 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidió archivar la querella sin entrar en el fondo del asunto al entender que los hechos denunciados ya habrían prescrito. Además, en esa misma resolución tomó otra decisión: imputar a Iberdrola Renovables por el proyecto 'Wind' --uno de los supuestos encargos a Villarejo-- por estimar que se hizo en nombre y beneficio de la empresa.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Iberdrola ha solicitado a la Sala de lo Penal que revoque este auto centrando todo su alegato en que ha sufrido una "flagrante" vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva porque el juez ha acordado archivar sin responder a las peticiones realizadas hasta ahora por la mercantil, recriminándole que no le haya comunicado sus resoluciones en tiempo y forma, y argumentando que, en todo caso, los delitos no han caducado.
"Nuestra mandante no ha sido en ningún caso notificada ni informada de ninguna resolución judicial relacionada con la denuncia y/o querella interpuesta", se han quejado el letrado y procurador de Iberdrola en el recurso.
"Ante la pasividad del Juzgado Central de Instrucción Número 6, durante diez meses", ha subrayado la empresa, el pasado 27 de mayo solicitó al instructor que le comunicase las resoluciones pendientes, así como que ampliase la querella a un delito de uso de documento falso.
"Sin embargo, estas peticiones han tenido como única respuesta el silencio judicial", razón por la cual --ha expuesto-- el 29 de junio Iberdrola pidió la nulidad de las actuaciones, algo sobre lo que tampoco ha obtenido respuesta, según expone.
Iberdrola ha acusado a García-Castellón de mantener una actitud "pertinaz" al seguir sin resolver las cuestiones planteadas, pese a lo cual --ha criticado-- "no ha tenido reparos" en pronunciarse para dar carpetazo al asunto.
Por todo ello, la empresa energética entiende que ha sufrido "indefensión" y cree que el "único remedio" posible a estas alturas del procedimiento judicial es revocar el auto del 9 de julio.
HECHOS NO PRESCRITOS
Por otro lado, ha defendido que, en contra de lo que interpreta García-Castellón, los hechos denunciados en la querella no están prescritos y, para ello, tiene en cuenta no solo el delito de falsedad en documento privado sino también el imputable por usar ese material falsificado.
El juez solo tuvo en cuenta el único delito señalado en la querella original, el de falsedad en documento privado, concluyendo que la eventual responsabilidad penal habría expirado porque este ilícito solo es perseguible durante cinco años y el informe de Del Olmo está fechado el 1 de diciembre de 2004.
Iberdrola replica que, dado que el 'dossier' estuvo guardado 15 años en una notaría, donde habría permanecido "oculto e inaccesible" a terceros, el plazo de prescripción debería empezar a contarse desde que salió a la luz.
Y, en este sentido, se ha referido al segundo delito por el que interesó ampliar la querella, el que pena el uso del documento falso, recordando que el informe de Del Olmo se filtró a la prensa en 2019.
Este asunto se enmarca en una investigación mucho más amplia donde García-Castellón indaga en los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho a Villarejo a lo largo de los años. El presidente de la mercantil, Ignacio Sánchez Galán, está imputado por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
