MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga si en el PP de Madrid existió una 'caja b' que dé más tiempo al ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias 'El Rata', para que entregue el informe que está elaborando desde la cárcel sobre las irregularidades que denunció en el Mercado Puerta de Toledo, uno de los últimos flecos de esta pieza separada de 'Púnica', donde está imputada la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Carmen García Cerdá, María Teresa Gálvez y Alejandro Cabaleiro recurren la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, de dar por concluido el último plazo de diez días que había concedido a Ortega para que terminara su 'dossier'.
Los fiscales recuerdan que fue el 23 de febrero cuando Ortega manifestó su intención de colaborar con la justicia, solicitando se le autorizase acceder a su ordenador personal en el centro penitenciario para poder presentar un escrito en apoyo a sus denuncias sobre las presuntas irregularidades en el Mercado Puerta de Toledo.
El 8 de abril, el instructor autorizó a que tuviera un "acceso amplio" al ordenador y la documentación necesaria y a que su abogado pudiera ayudarle, al tiempo que le fijó un plazo máximo de dos meses para que entregara su informe. No obstante, apenas un mes después, el 23 de mayo, Ortega avisó a la Audiencia Nacional de que el portátil se había estropeado y se había enviado a un informático para su reparación, razón por la cual pidió ampliar el plazo.
Con el arranque de junio, el instructor le concedió esta ampliación del plazo inicial dándole otros diez días. El pasado 22 de junio, García Castellón dio por agotado el tiempo otorgado a Ortega para confeccionar su informe, subrayando que la continuación de esta pieza separada no se puede hacer depender de la "voluntad" del antiguo edil.
No obstante, los fiscales aducen que "han sido causas ajenas a la propia voluntad de Ortega las que han impedido que esta persona haya podido cumplir en el plazo marcado el mandato del instructor".
Por ello, no solo piden revocar dicha providencia, sino que se dicte otra para conceder un nuevo plazo a Ortega, que su abogado pueda acceder a la cárcel y se le entregue el ordenador reparado.
En la misma línea se expresó la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), bajo cuya coordinación actúa el PSOE, que recriminó las "prisas" de la Audiencia Nacional abogando por dar más tiempo a Ortega al considerar su informe es de "vital importancia" en la investigación.
LAS REVELACIONES DE ORTEGA
Fue en abril de 2021 cuando 'El Rata' puso en conocimiento de la Audiencia Nacional "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta de Toledo", dependiente de la empresa pública IMADE. Señaló más de una decena de facturas emitidas entre 2006 y 2009 por "trabajos aparentemente ficticios" --registrados como relaciones públicas, mantenimiento o pintura-- que sumarían un total de 832.560 euros.
Estas revelaciones propiciaron que el juez abriera una nueva pieza, la número 13, para desgajar este asunto de la 9, pero la Sala de lo Penal dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción manteniendo las supuestas irregularidades en el Mercado de Puerta de Toledo dentro de la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que el informe de 'El Rata' es el último trámite antes de dar el siguiente paso en el procedimiento. De hecho, en la citada resolución García Castellón expone que, llegados a este punto, es "inminente" proceder conforme a alguna de las posibilidades del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), esto es, archivar o avanzar hacia la siguiente fase procesal.
LA AGENDA DE GRANADOS
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de 'Púnica' por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la 'Púnica', en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de la 'Operación Púnica', ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
