MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido el Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) a los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional y de las secciones de apelación penal de los tribunales superiores de justicia, para que puedan analizarlo y realizar observaciones al texto a lo largo de este mes de abril.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que actúa de forma similar a como lo hizo el pasado mes de febrero la fiscal general del Estado, Dolroes Delgado, al remitir una carta a todos los fiscales que integran la Carrera para proponer "el análisis conjunto" del nuevo texto.
Ambos movimientos son anteriores a los informes preceptivos, aunque no vinculantes, que tanto el Consejo Fiscal como el CGPJ deben realizar al texto de la Ley, que supone darle una vuelta completa al proceso penal en España para acercarlo al que realizan casi todos los países de nuestro entorno.
La gran novedad que plantea el borrador de la LeCrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor. Los fiscales serán ahora quienes dirijan la investigación con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
Las asociaciones de jueces y fiscales no consideran problemático el cambio de modelo, ya que la instrucción fiscal está extendida en los países democráticos, pero creen que debe llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar de mayor autonomía a los nuevos instructores y reclaman más recursos materiales y humanos para abordar una transformación de tal envergadura.
PUNTOS POLÉMICOS
Cuestión más controvertida es que la nueva LeCrim, tal y como está planteada en estos momentos, otorga también al Ministerio Público el control de la información que trasciende sobre los procesos penales en fase de instrucción, para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo" y evitar así un "grave atentado" a la presunción de inocencia.
Otro punto polémico es la nueva configuración de la acusación popular, que ya no podrán ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos. Respecto a los dos últimos, se pretende evitar una instrumentalización del proceso penal, un riesgo que se deriva de su intervención activa en el debate político.
Además, la nueva LeCrim establecerá un elenco de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como puede ser el caso de las infracciones que protegen intereses difusos o de los delitos de corrupción política.
Otra de las novedades es la introducción del término "encausada" como denominación genérica de la persona sometida al procedimiento en cualquiera de sus fases, aunque podrá hablarse de investigada cuando sea la sometida a investigación, acusada como aquella frente a la que se ha ejercido la acción penal y finalmente la condenada o penada.
Se crea también un "estatuto de la persona encausada", encabezado con el deber de objetividad que alcanza a todas las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, y que recoge los derechos del encausado a conocer los cargos y la acusación, a acceder a las actuaciones --salvo declaración de secreto-- y a participar activamente en el proceso.
El Anteproyecto crea además una segunda forma de detención preventiva "más leve", con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado, así como una figura policial encargada de velar por el respeto a los derechos de la persona detenida.
