Defiende una legislatura sin "refugiarse detrás de los letrados para no hacer lo que debes"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que la promesa del presidente del PP, Pablo Casado, de aprobar los delitos de referéndum ilegal y de rebelión sin violencia si llega a presidir el Gobierno demuestra en sí misma que no son delitos, sino que quiere convertirlos en tales.
En una entrevista de Europa Press, se ha referido así al compromiso que el líder del PP hizo el martes en Barcelona sobre un delito de referéndum ilegal: "Si lo aprobaría quiere decir que no lo es, y en cambio tenemos a personas que han estado en la cárcel".
"Si él lo quiere convertir en delito quiere decir que no lo es hasta ahora, cosa que ya nosotros sabíamos, pero eso no les ha librado de la cárcel", ha añadido.
Respecto al delito de rebelión impropia que no requiere violencia, ha dicho que Casado "demuestra su nivel de modernidad mental y política" porque pretende homologar un delito del siglo XIX al XXI, y no está en los códigos penales de los países democráticos del entorno.
Borràs ha defendido afrontar todo ataque contra el proceso independentista, y además se ha comprometido a impulsar desde el Parlament toda iniciativa que considere legítima, en vez de "refugiarse a veces detrás de los letrados para no tener que hacer lo que debes".
Para ella, refugiarse en eso "significa que el estado de excepción funciona y tú te doblegas", y ha reivindicado que el Parlament refleja una mayoría absoluta independentista que debe reflejar en el día a día institucional.
Pero ha lamentado que, aun así, haya diputados que acaban en la Justicia: "Demuestra que no importa cuánto te doblegues a intentar hacer las cosas como quiere quien te reprime, porque te reprimirá igual. Por tanto, es un aviso a navegantes".
"Por el mismo precio, mejor hacer lo que debes hacer, lo que tienes el mandato de hacer", por fidelidad al votante, ha reiterado.
"LA PRESIÓN DE LA REPRESIÓN"
Sobre su propio riesgo de acabar en la Justicia según actúe esta legislatura, ha definido como anomalía que un electo pueda recibir una querella: "No es que me pueda pasar; es que ya han anunciado que me pasará. Lo han anunciado Vox y Cs".
Ha insistido en que eludir una votación sobre algo en el Parlament para no verse abocado a consecuencias judiciales "es la presión de la represión" y lo que ha calificado como banalizar, blanquear y colaborar.
"La pregunta perversa es el '¿Vale la pena?', porque entonces iremos, en muchos casos, seguramente, rebajando", ha añadido.
En cuanto a su causa pendiente por su gestión en la ILC, ha reiterado una vez más su inocencia y que "no hay ninguna prueba pericial, factual, objetiva, que pueda demostrar una culpabilidad, que no existe", y por eso no contempla se inhabilitada.
También se ha referido a que al principio de la legislatura se habló de reformar el 25.4 del Parlament, ya que el texto alude a que 'En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata (...)'.
Ha querido dejar claro que nunca ha pretendido esa modificación ni depende de ella que se haga: "Niego la mayor. No me siento interpelada por el 25.4", aunque ha añadido que, cuando se incorporó el 25.4, los letrados del Parlament ya dijeron que vulnera la presunción de inocencia.
