MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la investigación contra la que fuera consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Gádor Ongil, en la macrocausa 'Púnica'.
Ongil, que también fue senadora entre 2011 y 2015 y diputada de la Asamblea de Madrid hasta mayo de 2019, fue imputada en la pieza 9 de 'Púnica', donde se investiga si el PP de Madrid tenía una 'caja b' para financiarse ilegalmente.
En su declaración de octubre de 2019 ante el juez instructor Manuel García-Castellón, Ongil aseguró que nunca se ocupó de cuestiones relativas a la gestión de fondos para campañas electorales porque la entonces presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, le dijo que era competencia del tesorero, Beltrán Gutiérrez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acordó en mayo el sobreseimiento provisional para Ongil, pero la acusación popular lo recurrió en junio alegando que Fundescam, fundación vinculada al PP, sirvió como herramienta de financiación ilegal del Partido Popular y que la ex consejera, como presidenta de su patronato, remitió facturas falsas para justificar una subvención pública.
Ahora, la Sala de lo Penal, en un auto del 9 de septiembre avanzado por 'ABC' y al que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso de apelación de ADADE porque considera que no se ha acreditado que Ongil conociera "el trasfondo mendaz de las citadas facturas", confirmando así el archivo definitivo.
Los magistrados sí creen que la investigación penal ha conseguido demostrar, a nivel indiciario, "la utilización de Fundescam por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid para financiar gastos electorales de forma extracontable y al margen de su techo de gasto", y que para ello en 2011 se falsificaron facturas, señalando a Granados y Gutiérrez como las personas que ordenaban el pago de las mismas.
EL MERO CARGO NO ES SUFICIENTE
Sin embargo, al mismo tiempo destacan que Ongil no apareció en escena hasta un año después, en 2012, "cuando presentó en su condición de presidenta del patronato de la fundación un 'Resumen Completo de Actividades' y diversas facturas emitidas por distintos empresarios a Fundescam a la Vicepresidencia de la Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la CAM".
Siguiendo el relato del Ministerio Fiscal, que se opuso al recurso de ADADE, la Sala expone que Ongil "no detectó irregularidad alguna en la descripción de los servicios que se habían abonado y los dio por bueno por venir de las órdenes de pago firmadas por el gerente Beltrán Gutiérrez y el secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, a quienes la investigada consideraba sus superiores".
Además, los magistrados recalcan que Ongil --representada en esta causa por Adolfo Prego Abogados-- "carecía de facultades para fiscalizar dichos documentos mercantiles, así como las actividades que aquellos soportaban".
Con todo, entienden que "no se puede --como los recurrentes pretenden-- continuar las actuaciones respecto de un sujeto investigado sin más razón que los determinados cargos que aquél ocupaba en una determinada época, sin relación alguna con las actividades supuestamente delictivas desplegadas".
