España era usada como trampolín para luego llegar a destinos como Reino Unido, Canadá o EEUU
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a cuatro personas acusadas de constituir una organización criminal que facilitaba la inmigración ilegal de ciudadanos procedentes de los países de Oriente Medio, principalmente Irán, hacia países de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.
El escrito de acusación de Fiscalía, en el que se piden penas de cárcel que van de los cuatro a los siete años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, explica que dos de los acusados, Zorik Mailian Markarian y Albert Galtsev, colaboraban con otros miembros de la red que residían en Irán para conseguir traslados de personas con visado auténtico de turista hacia la Unión Europea.
Indica que obtenían esos visados de legaciones diplomáticas de ciertos países europeos, como Italia, Francia o Austria, por medio de otros colaboradores que se hacían con ellos de forma "fraudulenta". De hecho, de lo investigado, ha quedado acreditado que el tiempo medio de obtención de esos visados estaría entorno a los dos meses, y que los miembros de la organización los obtenían en 15 días "a cambio de pagar ciertas cantidades económicas a los empleados de las embajadas", quienes aceleraban y facilitaban los trámites.
Ambos acusados indicaban a los ciudadanos que querían obtener el visado que debían incluir en sus solicitudes nóminas o contratos de trabajo de la Radio Televisión iraní o figurar como socios de la Cámara de Comercio. Esto facilitaba la obtención a pesar de que la documentación aportada "era simulada" y generaba un visado con datos erróneos.
Una vez en Europa, a los ciudadanos controlados por la organización se les ofrecían dos opciones para llegar al destino elegido, generalmente Reino Unido: una era permanecer en ese país hasta que se les diera documentación y billete de avión, y otra era trasladarse hasta España donde los acusados Zorik Mailian y Albert Galtsev les alojaban en distintos domicilios hasta proveerles de documentación y plan de viaje. Si optaban por España, solían volar a Málaga y les ubicaban por distintos apartamentos alquilados en esa provincia. En España les facilitaban la comida, los enseres necesarios y el cambio de apariencia pertinente para obtener el aspecto físico de la persona cuya identidad iban a suplantar.
CAMBIAR EL ASPECTO FÍSICO
La organización contaba en España con los acusados Miguel Ángel Alba Flores y Vanesa Pino, quienes se encargan de la obtención de pasaportes españoles convenciendo a personas de su ámbito familiar o de amistad para que se lo expidieran cambiando su aspecto físico a fin de intentar parecerse a las víctimas de la inmigración ilegal. La Fiscalía explica que el 'modus operandi' era fotografiar a los trasladados para localizar a personas similares, a quienes compraban sus pasaportes. Debían adecuar su imagen, quitándose o dejándose barba, por ejemplo.
En cuanto a la compra de los billetes de avión, la Fiscalía explica que estos se obtenían habitualmente en una misma agencia de Fuengirola y siempre con "posterioridad a la expedición del pasaporte a usurpar". La compra se hacía por dos de los acusados en metálico y los aeropuertos escogidos eran habitualmente los de Málaga y Madrid para España, y Faro o Lisboa en Portugal.
Añade el Ministerio Público que para llegar al destino final, generalmente se hacía una escala intermedia en ciudades como Oslo (Noruega), Basilea (Suiza) o Nuremberg (Alemania), porque sabían que los vuelos directos entre España y el Reino Unido suelen contar con controles aleatorios de documentación previos al embarque por parte de la Policía.
LA FE CRISTIANA
En el avión, se daba orden a las víctimas de la red para que destruyeran el pasaporte antes de llegar al control documental del destino final del viaje, para una vez llegado a éste manifestar a las autoridades competentes que se encontraban indocumentados, que eran ciudadanos iraníes y que solicitan acogerse a las medidas de protección internacional alegando en casi la totalidad de los casos una presunta conversión a la fe cristiana que motiva el ser perseguidos en su país. Y llegaban indocumentados, además de porque destruían el pasaporte español, porque sus auténticos pasaportes era retenidos por la red
La Fiscalía explica que a las víctimas se les cobraba por este traslado según las necesidades, siendo el más completo de 15.000 a 20.000 euros si el destino era Reino Unido, y hasta 32.000 si querían entrar en EEUU o Canadá. Solían cobrar a las "personas traficadas" un 50% por adelantado y el resto en España antes del segundo viaje a destino.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputa a los cuatro un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pero a Pino y Alba Flores como cooperadores necesarios. Además, en el escrito se indica que en el caso de Mailian Markarian concurre la circunstancia atenuante de colaboración con las autoridades.
