Critica que Juanma Moreno "condena a las PTIS a la precariedad" y le acusa de "privatizar la atención educativa"
MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha vuelto a criticar el "despido" de 8.000 sanitarios contratados por el Servicios Andaluz de Salud (SAS) y de 1.000 bomberos forestales del Infoca, incidiendo en que va en detrimento de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Además, ha insistido en que "no hay justificación económica" para "desmontar los servicios públicos" de la comunidad autónoma.
En Málaga, donde ha mantenido una reunión con representantes del colectivo del Personal Técnico de Integración Social (PTIS), ha aludido a que "no es comprensible" que después de un incendio de la magnitud del de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga; y de la pandemia de la COVID-19, "después de decir que son auténticos héroes, los contemple como trabajadores de usar y tirar".
A su juicio, el Gobierno de PP y Ciudadanos "entiende que los servidores públicos son de usar y tirar y eso no es concebible ni admisible para una ciudadanaía que quiere tener garantizados sus derechos sociales con servicios públicos fuertes".
El despido de 8.000 sanitarios, ha añadido, "redunda muy negativamente en la calidad asistencial de los pacientes del sistema sanitario público" y ha aludido a las "enormes listas de espera y enormes demoras" que se suman a la necesidad de prestar "cuidados poscovid" a pacientes que han superado la enfermedad pero que han quedado con secuelas y precisan de atención hospitalaria.
"Ese despido --ha continuado-- redunda en los que sí son contratados, que van a estar saturados de trabajo. Y tienen la desvergüenza de contratarlos seis meses, sin equiparación salarial con la media del país".
Según ha opinado Valero, "el PP está incentivando la fuga de sanitarios a otras comunidades autónomas" por las condiciones laborales de dicho personal: "Luego vendrán llorando que no hay nadie a quien contratar. Evidentemente, con esa precaridad es normal que muchos tengan que buscarse su puesto de trabajo en otras comunidades autónomas".
"No hay justificación económica para este desmontaje de los servicios públicos, mientras se están desprendiendo de sanitarios se está engrosando las transferencias al sistema sanitario privado y un derecho a la salud lo está convirtiendo en un negocio a quien se lo pueda permitir", ha concluido Valero, quien ha recordado que este miércoles, y el próximo, los bomberos forestales también protestarán frente al Parlamento de Andalucía por sus condiciones.
SITUACIÓN DE LOS PTIS
El coordinador andaluz de Izquierda Unida y portavoz UPporA, por otro lado, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de "menospreciar y precarizar al personal técnico de inserción social (PTIS) de los centros educativos públicos andaluces y atacar al alumnado con necesidades educativa especiales y a sus familias".
Tras mantener un encuentro de trabajo con una representación del colectivo de afectadas, ha afeado que el presidente de la Junta "no atiende ni a las más de cien sentencias judiciales, ni al TSJA, ni a los informes de la Cámara de Cuentas ni a sus propios compromisos y sigue maltratando al colectivo de PTIS".
"Ha quedado en evidencia que realizan un servicio estructural y que son trabajadoras esenciales, por lo que deben ser personal propio de la consejería de Educación y no pueden externalizarse", ha enfatizado Valero.
El portavoz de UPporA ha asegurado que "el plan del PP es seguir debilitando los servicios públicos, privatizar los servicios educativos y retrasar la contratación directa por parte de la Consejería mediante la interposición de recursos que no van a llegar a ninguna parte".
La delegada sindical de CCOO y representante del colectivo de PTIS, Cristina Ramírez, por su parte, ha denunciado "la cesión ilegal y precariedad laboral" que sufren: "Trabajamos durante el horario lectivo de los centros educativos de forma conjunta al personal docente. Tras muchas denuncias tanto la Inspección de Trabajo como diversos tribunales nos están dando la razón y reconociendo que existe cesión ilegal".
Sin embargo, ha continuado, "a pesar de ello, tras un decreto del gobierno de la Junta hemos pasado de ser un servicio educativo estructural a que nos cataloguen como servicio complementario, lo que va en contra de la legislación educativa y de nuestros derechos laborales".
"Sufrimos condiciones de trabajo precarias dentro de las subcontratas y, encima, todas las trabajadoras no tenemos las mismas condiciones en toda la comunidad autónoma", ha concluido.
